“Sabemos que hubo religiosos que destruyeron evidencias sobre abusos sexuales en Chile”

elpais.com

El próximo 21 de agosto, el fiscal Emiliano Arias (Chillán, 1972) tendrá enfrente al líder de la Iglesia católica chilena, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, al que interrogará como imputado por encubrir abusos sexuales de religiosos a menores. Será un hecho inédito en Chile, un país que en la dictadura de Pinochet tenía una de las Iglesias con mayor reputación del hemisferio —porque ayudó a perseguidos y se enfrentó al régimen—, pero cuya popularidad cayó en picado en las últimas décadas con un resultado evidente: la ciudadanía va camino de la secularización, empujada por la conducta de la jerarquía eclesiástica en los consecutivos escándalos sexuales cometidos por religiosos, que afectan sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Un 38% de los chilenos dice no profesar ninguna religión, récord que dobla la media en la región.

Arias es el principal encargado de perseguir en Chile los delitos de este tipo cometidos por sacerdotes. Hasta ahora no se había referido a su decisión de imputar a Ezzati, que se conoció el pasado martes, ni sus motivos para investigar a la cuestionada jerarquía de la Iglesia católica chilena. La fiscalía de ese país mantiene 37 causas abiertas de abusos sexuales en la institución, pero la cifra aumenta con los días. Ya son 68 personas investigadas, entre ellas 58 religiosos. Y hay 104 víctimas contabilizadas, de las que al menos 52 eran menores de edad en el momento de los abusos.

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El pasado viernes, Arias asumió todas las nuevas causas que “se inicien y vinculen” con su investigación, que ha contabilizado a víctimas desde los 11 años. En la práctica, la decisión del fiscal nacional le llevará a investigar abusos en todo el país: gracias a inéditos registros de oficinas de la Iglesia en las últimas semanas —desde el regreso de la democracia en 1990 no sucedía algo así en Chile— tiene en sus manos cerca de 90 investigaciones canónicas por abusos contra menores realizadas desde 2007 hasta la fecha, que la institución guardaba bajo siete llaves y sobre la que no había informado a la justicia ordinaria. “Es un hecho que los religiosos en este país no tienen la obligación de denunciar, ¿pero pueden ampararse en que no están obligados para no trabajar estrechamente con la autoridad civil denunciando los delitos contra los menores de edad? Es igual que si hubieran tenido debajo de una capilla muchos muertos y solo hubieran hecho investigaciones canónicas”, critica.

El fiscal apunta su flecha contra un objetivo ambicioso: “A la cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia católica chilena que ha posibilitado la comisión de delitos al interior de la organización”. Este camino le lleva directamente a los obispos que, a su juicio, son garantes de la protección de los menores. “¿Quién es el responsable de una organización y de lo que ocurre en un territorio? El obispo. ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo. Conocen los hechos durante todo el proceso”. Arias sospecha que “el sistema no funcionaba, porque no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, unido a un sistema ineficaz de justicia canónica”. Y agrega un hecho probado: “Sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales”.

El responsable de la investigación judicial cree que «el Papa abrió el camino para investigar el encubrimiento de abusos» con su carta a los fieles chilenos del pasado 31 de mayo, donde intentó reconciliarse con los católicos tras su complicada visita a Chile en enero. La de comienzos de año fue una tormenta embarazosa desatada por el propio Francisco, quien en medio de la gira calificó de “calumnias” las acusaciones de encubrimiento contra un obispo y provocó una inédita secuencia de hechos para un pontífice. Asumió el error, pidió disculpas, encargó una investigación, invitó a las víctimas ofendidas a la residencia vaticana Santa Marta y decidió llevar adelante una histórica limpia entre los obispos chilenos, que presentaron su dimisión en bloque, aunque hasta ahora el Papa solo ha aceptado cinco renuncias.

En su mensaje a los católicos chilenos al que se refiere Arias, Francisco reconoció que en la Iglesia local existía una “cultura del abuso” y de un “sistema del encubrimiento que le permite perpetuarse”. Mientras la Conferencia Episcopal chilena intenta ahora convencer a la opinión pública de que el Papa “hablaba de encubrimiento en el sentido coloquial del término, no en el sentido legal”, el fiscal Arias no tiene dudas: “La carta es potente. Un jefe de Estado nos dice en nuestra cara que algunos de sus ciudadanos organizados en Chile tienen una cultura del encubrimiento y del abuso. ¿Veamos entonces qué hechos concretos están encubriendo y los nombres de los posibles encubridores?”.

La investigación de Arias en los registros de las oficinas de la Iglesia halló las evidencias que posibilitaron el arresto por abusos sexuales y estupro del influyente sacerdote Óscar Muñoz, que abusó de al menos cinco niños, algunos sobrinos suyos y otros monaguillos “sin experiencia sexual”, según detalló el fiscal. Estaban en plena etapa de formación y los delitos —cometidos entre 2002 y marzo de 2018— se cometían en las parroquias. Esto se transformó en la pieza fundamental para llegar a los posibles encubridores de la jerarquía. Muñoz, como canciller de la Iglesia hasta enero pasado, tenía a su cargo el archivo secreto de todas las investigaciones canónicas. Era un hombre de confianza de Ezzati, el arzobispo de Santiago al que el Papa no le ha aceptado la renuncia, aunque en enero cumplió la edad de retiro. Sigue oficiando de líder en una situación que parece insostenible: escándalos sexuales explotan en todo el país, las misas que celebra son interrumpidas con abucheos, a lo que se suma ahora su propia situación judicial.

“Vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias se hubiesen evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos”, señala Arias, que anima a las víctimas a denunciar. “Si no lo hacen no existe encubrimiento que valga. La Iglesia son los fieles”.