El 15 de octubre de 2020, Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena durante el sexenio de EPN, fue detenido en EEUU, sin embargo, poco más de un mes después fue trasladado a México, en donde se determinó el no ejercicio de la acción penal contra él
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El pasado martes 21 de febrero, el exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue declarado culpable por cinco cargos en una corte de los Estados Unidos (EEUU).
El jurado del país vecino del norte halló culpable a García Luna, quien fuera el rostro de la guerra contra las drogas en México, culpable de beneficiarse con millones de dólares del Cártel de Sinaloa, que dirigió Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en el mismo país.
El departamento de Justicia estadounidense declaró en un comunicado que García Luna fue acusado de cinco cargos relacionados con drogas, que incluían conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.
El caso de García Luna hizo recordar el de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) que en 2020 fue detenido en Estados Unidos, sin embargo, su historia fue diferente a la de García Luna.
El general Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto (EPN), de 2012 a 2018. Durante ese periodo, seguía vigente el despliegue del Ejército en territorio nacional para realizar funciones policiales, a pesar de los conocidos riesgos de esta estrategia, la cual ha sido criticada por desincentivar los procesos de fortalecimiento y reforma policiales, así como por colocar elementos castrenses en un papel que ni es propio de fuerzas militares, ni incluye mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas.
El mandato de Cienfuegos estuvo marcado por recurrentes violaciones graves de derechos humanos por el Ejército. Cienfuegos era conocido por defender la actuación de los elementos militares ante denuncias de abusos graves, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las personas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial en Tlatlaya. También impidió que integrantes del GIEI entrevistaran a soldados en el caso Ayotzinapa.
Fue el 15 de octubre de 2020 cuando autoridades estadounidenses detuvieron al general Cienfuegos, acusándolo de haber cometido diversos delitos en colusión con un grupo de la delincuencia organizada, basados en una investigación de la DEA (agencia antidrogas de EEUU).
Sin embargo, el presidente López Obrador, en un presunto contexto de presiones por parte del Ejército mexicano, trabajó arduamente para que Cienfuegos no fuera enjuiciado en EEUU. México buscó, en un proceso sin precedentes, el regreso de Cienfuegos al país, amenazando al país vecino del norte con expulsar a los agentes de la DEA si el gobierno norteamericano no accedía a la petición.
El gobierno de AMLO, sostenía que las autoridades estadounidenses habían actuado indebidamente y, dijo, debían haber informado previamente a México sobre la investigación penal.
En ese contexto, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la desestimación de los cargos penales contra Cienfuegos, para que pudiera ser investigado en México. De esa manera, el extitular de la Sedena volvió al país en noviembre, poco más de un mes después de haber sido detenido en EEUU.
Para el 14 de enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, anunció el no ejercicio de la acción penal en favor de Cienfuegos. En los días siguientes, el gobierno mexicano publicó cientos de páginas de evidencia que la DEA había enviado a México, y la FGR difundió una versión pública de su propio expediente del caso, con gran parte de la información testada.
Aunque una parte del texto no se ve, el expediente, aparentemente muestra que el canciller Marcelo Ebrard comunicó a la FGR el interés de López Obrador en que se investigaran no solamente las acusaciones transmitidas por la DEA, sino también las actuaciones de las autoridades norteamericanas en el caso.
Los argumentos de la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal hacen eco en gran parte de la argumentación de Cienfuegos; la FGR le mostró el expediente a Cienfuegos y recibió su declaración el nueve de enero, para, cinco días después, anunciar el cierre del caso.
López Obrador respaldó públicamente la decisión de la FGR y acusó a la DEA de haber fabricado las acusaciones.
