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El nuevo gobierno federal aplicará de manera muy estricta y cuidadosa las leyes en materia de combate a la impunidad para evitar que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, las resoluciones de castigo a servidores públicos se vengan abajo por aspectos meramente formales.
Así lo indicó Fernando Martínez, director general de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien en entrevista con La Jornada aseguró que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se harán de mejor manera los procedimientos sancionatorios para aplicar los castigos conforme a derecho. Las sanciones definitivamente son una pieza fundamental del combate a la impunidad, aunque seremos respetuosos de los métodos de defensa de los funcionarios impugnados.
Martínez enfatizó que debe haber aplicación efectiva de las leyes para que no se echen abajo las resoluciones por aspectos meramente formales.
El funcionario recordó que de acuerdo con números dados a conocer por la SFP, sólo en 2018 llegaron a esa dependencia 11 mil 864 expedientes por responsabilidades que involucran a 13 mil 384 servidores públicos, de los cuales 5 mil 597 (47.18 por ciento del total) están formalmente resueltos, pero sólo porque se llegó a una conclusión formal del caso.
Sin embargo, al analizar con detalle las cifras, sólo en 901 casos se determinó imponer una sanción, mientras en los restantes 4 mil 696 el expediente concluyó sin castigo para los servidores públicos señalados. Asimismo, 6 mil 200 siguen en proceso de análisis.
En cuanto a inconformidades presentadas por funcionarios, de enero a noviembre de 2018 sobreseyeron 42.9 por ciento de éstas, lo que deja ver que no hubo trabajo eficaz de solución de controversias.
Entre las dependencias federales que acumularon mayor cantidad de sanciones firmes en 2018 están la secretarías de Educación Pública, que tuvo 131 expedientes de castigo; Salud, con 110, y Relaciones Exteriores, con 91.
