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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Arturo Herrera Gutiérrez, respectivos titulares de las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vigilarán personalmente que cada dependencia de la administración pública cumpla con las medidas de “austeridad republicana”, y avisarán al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus resultados.
En un decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Sandoval y Herrera crearon el Comité de Evaluación que evaluará la política de austeridad de las dependencias, y que los titulares de la SFP y la SHCP presidirán “de forma alternada por periodos de un año”.
Cada año, en un periodo de 10 días posteriores a la presentación de la Cuenta Pública, las dependencias entregarán un informe al comité, el cual, a su vez, elaborará una evaluación general que entregará al presidente López Obrador y a la Cámara de Diputados.
Impacto presupuestal
Este comité evaluará entre otros el “impacto presupuestal” de las medidas de austeridad, así como “la temporalidad de los efectos de ahorro, posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana, así como el destino de los ahorros obtenidos, con la finalidad de que estos retroalimenten y mejoren las futuras medidas a implementarse por la Administración Pública Federal”.
También contará con la facultad de “promover la adopción de las medidas de austeridad” enumeradas en la Ley de Austeridad Republicana, publicada en noviembre pasado en el DOF.
Esta ley restringe entre otros el uso de aeronaves, camionetas de lujo, guardias y seguros privados, ataca los “derroches” en luz, agua y telefonía, y otros “gastos de oficina innecesarios”, y establece un periodo de 10 años durante el cual los exfuncionarios de mando superior no pueden ocupar cargos en empresas que “hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”.
También endurece las reglas contra el nepotismo y el conflicto de interés, y plasma la cancelación de las pensiones y la asignación de agentes de seguridad para los expresidentes; pone candados a la creación de fideicomisos y disminuye la asignación de secretarios particulares y choferes.
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