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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El general Salvador Camacho Aguirre, quien en noviembre pasado salió de la Policía Federal (PF) en medio de las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por uso excesivo de la fuerza de la corporación, fue designado por la Secretaría de Gobernación como jefe de los penales federales.
En su nuevo encargo recibió de facto el aval de la propia CNDH, que ha investigado la participación de la PF en la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tanhuato, Michoacán, en 2015, y en los hechos violentos de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron ocho civiles y 122 resultaron heridos.
El pasado 16 de noviembre, Camacho Aguirre fue removido de la División de Fuerzas Federales de la PF “por instrucción” del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, según informó esta dependencia, sin revelar los motivos de su salida.
Dos meses y medio después, el 1 de febrero, Sales Heredia se volvió a encontrar públicamente con el militar que devino en policía, pero ya vestido de civil y con un nuevo cargo: coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) que, igual que la PF, depende de Sales Heredia.
A pesar de su falta de experiencia en el sistema penitenciario, Camacho Aguirre está a cargo de supervisar los operativos de ingreso de los internos a los penales federales, sus traslados, el tratamiento técnico progresivo y la seguridad interna y externa de los centros: las funciones operativas centrales de las cárceles de mediana y alta seguridad.
Ese día, Sales Heredia puso en marcha la Unidad de Derechos Humanos del OADPRS, a pesar de que el órgano encargado de las prisiones federales ya cuenta con la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, que es el enlace entre las autoridades penitenciarias, la CNDH y los familiares de los internos.
Fue un acto al que la CNS le quiso dar mucha importancia. Convocó a todos los directores y encargados de los centros federales de Readaptación Social (Ceferesos) del país, al titular del OADPRS, José Alberto Rodríguez Calderón, y a la Tercera Visitadora General de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja.
Por parte del órgano penitenciario también estuvo el titular de la nueva unidad, Jorge Gerardo Aguilar Montaño, y el propio general Salvador Camacho Aguirre, quien del Ejército pasó a la PF y ahora al OADPRS.
El excomisario que encabezó la División de Fuerzas Federales de la PF, donde se encargó de los operativos contra el narcotráfico, llegó así al cargo que al principio de la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación tuvo Celina Oseguera Parra, encarcelada en el Cefereso femenil de Tepic, Nayarit, por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano en julio de 2015.
La presencia de la tercera visitadora general de la CNDH llamó la atención porque era también la presentación pública del general Camacho como máximo responsable de los penales federales de mediana y máxima seguridad.
De acuerdo con Sales Heredia, la visitadora Villanueva Castilleja se entusiasmó con la creación de la Unidad de Derechos Humanos del OADPRS y le dio el carácter de “aliada estratégica” a la CNDH. Según personal penitenciario consultado por Proceso, ella promovió desde el sexenio anterior la idea de abrir oficinas de derechos humanos en cada penal.
También presidenta fundadora del Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, Villanueva Castilleja ha tenido una marcada cercanía con el OADPRS; incluso laboran con ella en la CNDH algunas personas que trabajaron para Celina Oseguera en el órgano administrativo desconcentrado en el actual sexenio (Proceso 2046).
Con su presencia en el acto de la CNS y del OADPRS, Villanueva Castilleja avaló en los hechos la designación del general Camacho como responsable operativo de los penales federales, sin importar que la CNDH lo tuviera en la mira por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la PF en Tanhuato y Nochixtlán.
En la fotografía oficial de la puesta en marcha de la Unidad de Derechos Humanos del OADPRS, la visitadora aparece sentada junto al general Camacho Aguirre, además de antiguos colaboradores de Osorio Chong que controlan las prisiones del país.
Viejos conocidos
En el año y medio de la gestión de Sales Heredia en la CNS han ocurrido importantes cambios y enroques en la PF y en el OADPRS. Cuando fue designado a finales de agosto de 2015 en sustitución de Monte Alejandro Rubido García, debido también a la fuga del Chapo, Sales Heredia heredó como titular de la PF a Enrique Galindo Ceballos, y al frente del OADPRS a Eduardo Guerrero Durán.
Galindo Ceballos salió de la PF el 29 de agosto pasado, luego de que la CNDH emitiera su recomendación sobre la matanza en Tanhuato de presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en la que se investigó la participación de la División de Fuerzas Federales a cargo del general Camacho Aguirre.
Poco después, el 7 de octubre, Guerrero Durán fue separado del órgano responsable de las prisiones federales sin que la CNS informara de las causas de su salida ni la de sus más cercanos colaboradores.
Guerrero Durán duró apenas poco más de un año en el puesto. Procedente de Chihuahua, asumió el cargo en reemplazo de Juan Ignacio Hernández Mora, también como consecuencia de los ajustes en la CNS, la PF y el OADPRS a raíz de la segunda fuga de Guzmán Loera.
Eduardo Guerrero fue reemplazado por José Alberto Rodríguez Calderón, político inexperto en sistema carcelario pero viejo colaborador de Osorio Chong. Cuando éste fue gobernador de Hidalgo, aquél fue su procurador de Justicia.
Al inicio del actual sexenio, Rodríguez Calderón fue diputado federal suplente por esa entidad en la LXII Legislatura, entre 2012 y 2015. De igual modo, fue suplente del extitular de la PGR y exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jesús Murillo Karam.
Después, Osorio Chong lo incrustó en el equipo de Arely Gómez en la Procuraduría General de la República (PGR) como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales. En medio de confrontaciones con la entonces procuradora –actual secretaria de la Función Pública–, Rodríguez Calderón salió de la PGR. Osorio Chong lo rescató y lo puso al frente del OADPRS.
En su nuevo cargo, Rodríguez Calderón se reencontró con María del Carmen Archundia Escutia, la responsable del Órgano Interno de Control del órgano penitenciario. A esa oficina de vigilancia llegaron quejas de personal del penal del Altiplano por las facilidades que se le daban a Guzmán Loera. Los empleados que hicieron las denuncias semanas antes de la fuga fueron amenazados de ser procesados si no comprobaban sus dichos (Proceso 2030). Archundia Escutia fue subprocuradora de Justicia de Hidalgo entre 2008 y 2011, designada por Rodríguez Calderón.
El nuevo titular del OADPRS se reencontrará también con Jorge Gerardo Aguilar Montaño, titular de la nueva área de derechos humanos de los penales federales. En la PGR coincidieron cuando Aguilar Montaño era director general de la Promoción de la Cultura en Derechos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
En ese equipo de antiguos compañeros de trabajo también se cuenta la tercera visitadora de la CNDH. Al inicio del sexenio Villanueva Castilleja fue directora general de Política y Desarrollo Penitenciario de la Segob, cargo en el que estuvo hasta enero de 2015, cuando pasó a la CNDH.
Cuando llegó al organismo designó como visitadores a cuatro personas que habían trabajado bajo las órdenes de Celina Oseguera, como confirmó la propia CNDH a Proceso (edición 2047). Además, su sobrina Ruth Jimena Villanueva fue designada subdirectora de la Coordinación General de Centros Federales por la propia Oseguera Parra.
Según la CNDH, a pesar de esas circunstancias la oficina de la tercera visitadora ha sido ajena a la búsqueda de beneficios para la exfuncionaria encarcelada, quien, de acuerdo con empleados penitenciarios, pretende que se le decrete prisión domiciliaria invocando sus derechos humanos por las enfermedades que padece.
La inmunidad del general
El pasado martes 21, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó a la Cámara de Diputados que elementos de las fuerzas estatales y de la PF sí portaban armamento durante el operativo del 19 de junio de 2016 para liberar la carretera federal en Nochixtlán, entonces tomada por maestros y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La PF desplegó efectivos de la Gendarmería y de la División de Fuerzas Federales. Imágenes periodísticas mostraron a policías federales con armas de fuego y en posición de tiro (Proceso 2069 y 2070).
El ómbudsman González Pérez informó que en ese enfrentamiento hubo 190 heridos, de los cuales 122 fueron civiles y el resto policías, incluidos federales, quienes desde entonces no han recibido los bonos de operatividad.
El general Camacho también salió de la corporación bajo cuestionamientos por parte de personal de la División de Fuerzas Federales, por causas que van desde la retención de pagos por comisiones hasta protección a presuntos responsables de acoso sexual y laboral.
Aficionado al canto, tiene grabados discos de música ranchera, boleros y baladas. De acuerdo con versiones de efectivos de la corporación, Camacho Aguirre cantaba con un mariachi que tienen las Fuerzas Federales.
Cuando salió de la PF les comentó a sus allegados que sería reubicado. Y así fue, a pesar de que su destitución siguió a la de su jefe, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos, quien fue sustituido por el actual titular Manelich Castilla Craviotto.
Galindo Ceballos renunció pocos días después de que la CNDH diera a conocer, el 18 de agosto, su recomendación especial a la CNS a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la PF en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015.
Camacho Aguirre duró más que Galindo Ceballos, pero finalmente salió el 16 de noviembre pasado. Ese día, la CNS informó: “En atención a la instrucción del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, designó al comisario Carlos Alfonso Tornero Salinas como nuevo titular de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal”.
La CNS abundó sobre la trayectoria de Tornero Díaz, pero del general Salvador Camacho Aguirre no dijo nada de su salida.
La recomendación de la CNDH sobre las violaciones graves a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza en el Rancho del Sol, municipio de Tanhuato, le atribuyó a la PF la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de cuatro más, la tortura de dos personas detenidas, el trato cruel, inhumano y degradante de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos.
Dirigida a Renato Sales Heredia y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, la recomendación señala que en total hubo 43 muertos y tres detenidos que en sus declaraciones ministeriales dijeron pertenecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que uno de los fallecidos tenía tatuajes de esa organización, mientras que dos de sus familiares dijeron que fueron privados de la vida por pertenecer a ese cártel.
Según la CNDH, de acuerdo con las evidencias, análisis de las mismas y dictámenes periciales, “se acreditó la falta de veracidad en los informes proporcionados por la CNS y la PF respecto de las circunstancias en las que se acreditó el operativo”.
Precisa que la fuerza federal ejecutó de forma arbitraria a 22 personas, incurrió en exceso de fuerza contra otros cuatro fallecidos, y hubo “falta de respeto, dignidad y consideración a dos cadáveres expuestos a fuego directo con posterioridad a su deceso”.
También indica que los integrantes de la corporación manipularon el lugar de los hechos (cadáveres y elementos balísticos), lo que impidió determinar cómo murieron otras 15 personas, y dieron trato “cruel, inhumano y/o degradante” a una persona y torturaron a otras dos.
Según la recomendación, la PF envió una fuerza de alto impacto: un grupo de 41 elementos y otro de 52 que participaron como refuerzo. También como apoyo llegaron 10 carros radio-patrulla.
Además se utilizó un helicóptero Black Hawk PF102 con capitán, piloto y técnico, así como dos elementos de artillería, quienes no son considerados tripulación. El helicóptero estuvo equipado con dos ametralladoras Dillon, una de cada lado del aparato, y según la PF sólo una fue accionada. No obstante, la corporación dijo desconocer cuál fue su abastecimiento y con cuánto regresó, aunque reportó impactos de bala en el fuselaje.
A pesar de ese despliegue, la PF comunicó a la CNDH que no tenía registro videográfico y/o fílmico de lo que pasó en Tanhuato.
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