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En México se denuncia únicamente uno de cada 10 casos de abuso sexual en contra de niñas y adolescentes, y en lo que respecta a las que tienen menos de 14 años se ha traducido en un constante incremento de embarazos. En 2016 hubo 11 mil 808 nacimientos; 96.5 por ciento de las madres tenía entre 13 y 14 años.
Una investigación de la organización civil internacional Ipas concluye que estas menores de edad han sido víctimas de violencia sexual, obligadas a unirse o casarse con el agresor que, en la mayoría de los casos, es de mayor edad. Todavía más grave es el hecho de que son familiares directos o conocidos de las niñas.
Un dato sintomático detectado por el estudio es que en una de cada tres actas de nacimiento de los hijos no se registra la edad del padre.
En nuestro país es un problema de salud pública
Ipas presentó ayer el trabajo Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos, donde hace una revisión de las estadísticas oficiales que se han generado en torno a este tema. Del análisis se desprende que, contrario a lo que se pudiera pensar que el embarazo infantil es consecuencia de actos deliberados por parte de las niñas que deciden iniciar su vida sexual, de falta de información o de acceso a métodos anticonceptivos, la realidad es que las menores no tienen la capacidad de consentir o disentir del acto sexual.
Las niñas se encuentran en una situación de desprotección, abandono, relaciones dispares de poder, pobreza, marginación y falta de oportunidades, lo cual les impide negarse al acto sexual, en muchos casos ni siquiera llegan a percibir que son víctimas de violencia sexual, señaló Eliana Olaizola, directora de Ipas México.
La organización internacional no gubernamental encontró que entre las niñas menores de 14 años que viven unidas o en matrimonio, sólo 7 por ciento tiene la capacidad de decidir cuándo tener relaciones sexuales con la pareja; 3.5 por ciento, sobre el uso de anticonceptivos, y apenas 4 por ciento, sobre cuántos hijos tener.
Fernanda Díaz de León, coordinadora de Política y abogacía de Ipas, resaltó que en México ya existe un marco jurídico sólido, que de aplicarse de manera efectiva podría revertir esta problemática. Comentó que la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres establece que a partir de los 12 años, las niñas embarazadas como consecuencia de una violación, que lleguen a los servicios de salud, pueden solicitar la interrupción del embarazo. Ya no se requiere la autorización de un juez ni que vayan acompañadas.
Sin embargo, reconoció que todavía hace falta capacitar al personal de salud para que preste el servicio a los derechos de estas menores de edad.
