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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx)- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se negó en definitiva a reconocer la inocencia del general brigadier Ricardo Martínez Perea, a quien mantuvo 15 años en prisión, le suspendió sus haberes y lo despojó de su grado y pensión a pesar de que el delito de narcotráfico que le imputó nunca lo pudo probar en tribunales.
Para mantener su negativa, la Sedena incluso desestimó un amparo otorgado a uno de los coacusados del general, el capitán Pedro Maya Díaz, quien desde febrero pasado fue reincorporado al Ejército.
Martínez Perea, el último general táctico del Ejército mexicano, el capitán Maya, y el teniente Javier Antonio Quevedo Guerrero, los tres del arma de Caballería, fueron acusados por la justicia militar de colaborar con el Cártel del Golfo, encabezado entonces por Osiel Cárdenas Guillén.
En particular, les imputó que protegían y pasaban información a Gilberto García Mena, “El June”, en la región Guardados de Abajo, del municipio Camargo, de Tamaulipas. La justicia castrense los condenó a 15 años de prisión.
A pesar de haber cumplido la pena, el capitán Maya fue absuelto en octubre pasado por la justicia federal al demostrar que el proceso penal en contra de los militares fue inconstitucional por haberse iniciado con un anónimo y sin que las pruebas presentadas por la justicia militar demostraran el delito.
El general Martínez Perea solicitó a la justicia militar, el 18 de marzo pasado, un incidente para el reconocimiento de inocencia apoyado en el amparo ganado por el capitán Maya.
La respuesta la obtuvo diez días después. El 28 de marzo, el Tribunal Superior Militar se la negó en definitiva, luego de que en marzo de 2017 le rechazara una primera solicitud.
Según los magistrados militares, el amparo obtenido por el capitán Maya no demuestra que el delito imputado al general Martínez Perea no haya existido.
La justicia castrense se mantuvo en su negativa a pesar de que en febrero pasado, el titular de la secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis C. Sandoval, anunciara que ya no se procesará a nadie en el Ejército a partir de denuncias anónimas. “Los anónimos son una forma poco honorable y cobarde de denunciar algún hecho”, señaló el general de división en la “Directiva para fortalecer la moral y la disciplina en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana”.
La directiva fue dada a conocer después de que el capitán Maya fuera reincorporado al Ejército por orden de la justicia federal.
La defensa del general Martínez Perea y del teniente Quevedo promoverá un amparo contra de la decisión del Tribunal de justicia militar, en espera de que sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El general ha promovido también una queja en contra de Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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