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XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que seis de los 11 ejecutados de Boca del Río el pasado 28 de febrero tenían historial criminal por diversos ilícitos.
Aunque se solicitó a la FGE y al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares el tipo de ilícitos y carpetas de investigación que tenían abiertos seis de los 11 ejecutados, las autoridades negaron proporcionar el dato pretextando “la secrecía” de la indagatoria.
Ayer el Grupo de Coordinación Veracruz evaluó los resultados de los operativos de seguridad que se realizan en las diferentes regiones del estado.
El gobernador Miguel Ángel Yunes informó que de las 11 personas que perdieron la vida, cinco de ellas tenían antecedentes penales; de cinco aún no se han encontrado antecedentes y una más está en proceso de identificación por las características de sus tatuajes.
Hoy, en un escueto comunicado, se informó que la otra persona que faltaba por identificar ya fue reclamada este domingo y reconocida por unos tatuajes.
De la onceava persona se explicó que tiene dos carpetas de investigación abiertas por la comisión de dos delitos, aunque la Fiscalía no quiso detallar cuáles.
El Grupo de Coordinación Veracruz señaló que los operativos se han intensificado y están siendo apoyados por dos helicópteros.
“Igualmente se instalarán nuevas cámaras con dispositivos móviles en los lugares que se requieran. El Grupo de Coordinación Veracruz reitera que estos hechos son reprobables y que se seguirá actuando conforme a la ley y con toda firmeza en contra de los responsables”.
De la última persona identificada, la Fiscalía informó que como resultado de los ejercicios periciales realizados se logró reconocer los marcajes personales que portaba la víctima en su cuerpo.
“Se realizaron las diligencias de reconocimiento oficial ante autoridades del fuero común, por parte de familiares del agraviado de sexo masculino. Así, la identidad de la víctima fue establecida como Alberto “N”, quien había sido privado de su libertad la mañana de ese día en Poza Rica”.
La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no supieron dar una explicación lógica de cómo el onceavo ejecutado fue “levantado” de Poza Rica a Boca del Río, en un trayecto de 273 kilómetros, en donde por carretera federal o estatal, hay diversos retenes policiacos y de fuerzas federales en ambas autopistas.
La Fiscalía sólo consignó que la víctima Alberto “N” tenía en contra “cuando menos” (sic) dos carpetas de investigación por diversos ilícitos. “La autoridad investiga igualmente probables vínculos con la delincuencia organizada. La investigación concluirá hasta deslindar en su totalidad las responsabilidades y llevar ante las autoridades a los responsables de los ilícitos”.
El pasado 28 de febrero, 11 cuerpos semidesnudos fueron abandonados en el interior de una camioneta Van en el fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río.
Eran nueve cuerpos de hombres y dos de mujeres, todos semidesnudos, con hematomas recientes, huellas de tortura, heridas de objetos punzocortantes e impactos de bala, en el interior de la camioneta Van blanca; adentro del vehículo había una cartulina naranja en letras negras: “Si guerra quieren, guerra van a tener. Quieren tener todo el poder para meter a su jente (sic), pero aki (sic) nos morimos todos”.
En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la organización delincuencial del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CGJN) desplazó desde el 2011 a las células de Los Zetas.
El hallazgo de los 11 cuerpos ocurrió horas después de que concluyera el carnaval de Veracruz y un día después de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunciaran el ingreso de la Gendarmería Nacional para combatir al crimen organizado.
Apenas un día antes, una cuadrilla de marinos fue atacada a balazos en el interior de la colonia Villa Rica, en un intenso enfrentamiento en el cual fueron abatidos dos presuntos sicarios y un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México herido de bala.
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