Los legisladores dieron luz verde a la modificación constitucional en lo general y lo particular con mayoría calificada
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La Cámara de Senadores aprobó este martes en lo general y en lo particular la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incorpora como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales, entre otros.
El dictamen recibió 94 votos a favor y 34 en contra, alcanzando la mayoría calificada necesaria para su aprobación en lo general. Tras rechazar las reservas presentadas por senadores de diversos partidos, el proyecto fue avalado en lo particular con 93 votos a favor y 35 en contra. Ahora será turnado a los congresos estatales para su análisis y eventual aprobación.
Un debate polarizado
El debate en el Senado duró más de seis horas, reflejando las posturas encontradas entre los grupos parlamentarios. Mientras que legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) defendieron la medida como una herramienta indispensable para enfrentar delitos graves, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Parido Revolucionario Institucional (PRI) y Momiviento Ciudadano (MC) argumentaron que la prisión preventiva oficiosa podría violar los derechos humanos.
La senadora Lucía Trasviña (Morena) aseguró que estas disposiciones cerrarán la puerta a la impunidad, señalando que delitos como la extorsión y el tráfico de drogas afectan gravemente a las comunidades: “Es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, afirmó.
Por su parte, Andrea Chávez Treviño (Morena) subrayó que los gobernadores de todos los estados, incluidos los de oposición, habían solicitado previamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar esta figura jurídica
Desde el PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena respaldó la reforma, destacando que responde a las demandas ciudadanas de justicia, aunque insistió en que su aplicación debe estar regida por principios sólidos del debido proceso.
El senador Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN) manifestó que su bancada no está en contra de la prisión preventiva, pero cuestionó el riesgo de abusos por parte de las fiscalías: “No podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos o denuncias anónimas”.
Karla Guadalupe Toledo Zamora (PRI) calificó la prisión preventiva oficiosa como una figura que “desvirtúa el principio de justicia”, al castigar a personas que aún no han sido declaradas culpables, y recordó que contradice recomendaciones de organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde Movimiento Ciudadano (MC), el senador Clemente Castañeda afirmó que la medida afecta especialmente a las personas más vulnerables, mencionando que, según datos oficiales, casi 87 mil personas encarceladas en México no han sido sentenciadas, lo que evidencia el impacto negativo de esta política en la población penitenciaria.
Delitos de alto impacto bajo la lupa
La reforma se enfoca en combatir delitos graves como la extorsión, que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registró más de 10 mil casos en 2022, un incremento considerado alarmante.
Asimismo, el tráfico de fentanilo, una droga responsable de miles de muertes por sobredosis, y la falsificación de comprobantes fiscales fueron señalados como crímenes que generan un grave daño social y económico.
Con esta reforma, México sigue en el centro de un debate internacional sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa, considerada por algunos como una herramienta esencial contra el crimen y por otros como una práctica que vulnera los derechos humanos
