Javier Corral reconoció que la medida se presenta en el contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos
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El 20 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que instruye al Departamento de Estado para declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta para que ese país adopte medidas para combatirlos financieramente.
Al firmar la orden, Trump declaró a los reporteros presentes en la Oficina Oval que esta medida seguramente no le gustará a México, pero justificó que la violencia y el contrabando de drogas se ha extendido de forma preocupante.
Tres días después, el Senado de México dio nuevos pasos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo con la presentación de un proyecto de dictamen que busca endurecer el combate a estos delitos.
El objetivo principal de esta iniciativa en México es fortalecer la estabilidad del sistema financiero y garantizar la sanidad económica del país.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que este proyecto tiene como propósito principal reforzar las capacidades del Estado mexicano para enfrentar la criminalidad tanto nacional como transnacional.
Para ello, se proponen medidas legales que regulen actividades consideradas vulnerables, con el fin de prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita y el financiamiento de actividades terroristas.
Corral Jurado destacó que esta propuesta legislativa adquiere una relevancia especial en el contexto de las relaciones internacionales, particularmente entre México y Estados Unidos.
“Hoy presentamos este proyecto de dictamen para que todo el mundo lo conozca, pueda opinar y, por supuesto, para recibir sus comentarios y observaciones, y arribar al proceso con un documento que incluya un mayor consenso posible”, afirmó el senador.
El dictamen busca reformar más de 40 artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y dos artículos del Código Penal Federal.
Además, Corral subrayó que el proyecto responde a las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que supervisa el cumplimiento de estándares globales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Posturas encontradas entre los grupos parlamentarios
El proyecto de reforma ha generado diversas reacciones entre los grupos parlamentarios. Por un lado, la diputada Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su apoyo al combate contra la corrupción, pero advirtió que la reforma podría ser utilizada con fines políticos.
Además, calificó las medidas propuestas como excesivas y de carácter persecutorio, lo que podría generar preocupaciones entre ciertos sectores.
Por otro lado, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, propuso que antes de iniciar la discusión formal del proyecto, los integrantes de la Comisión de Justicia se reúnan con expertos en la materia.
Según Barrales, es fundamental escuchar las opiniones de autoridades y especialistas para evitar errores o vacíos legales que puedan derivar en consecuencias negativas. “Cualquier error o laguna legal en este tema puede ser muy peligrosa”, advirtió.
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