proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores de oposición presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social, por considerar que es contraria a la libertad de expresión y a otros principios de la Constitución.
Un grupo de 52 senadores del PAN, PT, PRD y Morena presentaron el recurso contra la ley que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 11 de mayo, luego de que la mayoría del PRI y de sus aliados la aprobaran en Cámara de Diputados y el Senado.
Conocida como “Ley Chayote” por haber legalizado la discrecionalidad en el gasto gubernamental en publicidad oficial, la legislación podría ser revisada por el pleno de la Corte, luego de que la Primera Sala del máximo tribunal ordenó en noviembre pasado al Congreso legislar en la materia debido a que el propio Legislativo se había comprometido a hacerlo desde el 2007.
El Colectivo #MediosLibres, integrado por un centenar de organizaciones sociales y periodistas de todo el país, lamentó que hasta ahora ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), hayan interpuesto ningún recurso de control constitucional contra la ley.
Los senadores que acudieron a la Corte argumentan que la #LeyChayote vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión porque viola los principios internacionales en publicidad oficial y los establecidos en el artículo 134 de la Constitución.
Además, incumple los criterios establecidos por la Primera Sala cuando le pidió al Congreso que terminara con el vacío legislativo en la materia. Esa resolución indicó que el control arbitrario de la publicidad por parte de los entes públicos representa un mecanismo de control de la prensa.
El recurso de los senadores también considera que la ley aprobada vulnera el derecho a la libertad de imprenta y el derecho a las audiencias, además de que fue aprobada con violaciones al proceso legislativo.
El Colectivo insistió en que la ley mantiene malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta, pero sobre todo, que la aprobación de la ley fue una simulación para cumplir con la sentencia de la Primera Sala y no caer en desacato.
