Suman 249 cráneos y más de diez mil restos exhumados de fosa clandestina de Santa Fe

proceso.com.mx

XALAPA, Ver. (apro).- El Colectivo Solecito y la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron, por separado, que hasta el momento se han localizado 249 cráneos y más de diez mil restos óseos en 125 fosas halladas en un predio ubicado atrás de Colinas de Santa Fe, cerca del traspatio del recinto portuario al norte del Puerto de Veracruz.

La exhumación de tal cantidad de restos óseos corresponde al mayor cementerio clandestino que se tenga cuenta en Veracruz y, probablemente en el país, consideró el fiscal general Jorge Winckler Ortiz.

Lucy Díaz, quien busca a su hijo Guillermo Lagunes desde el 2013, consideró que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, igual que el del prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, ha actuado con total indiferencia en el tema de los desaparecidos.

“No nos atiende, hemos exigido la renuncia de este fiscal, que es un reyesuelo (sic) que, además, nos miente”, expresó.

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La agencia Apro y el semanario Proceso han consignado en sus diferentes ediciones que el cementerio clandestino de Santa Fe ha sobrepasado por mucho el impacto de los 18 narcocementerios hallados en distintas regiones durante el sexenio de Duarte de Ochoa.

Dicho panteón ilegal fue descubierto a raíz de que madres del Colectivo Solecito recibieron lo que llamaron un “regalo” de la delincuencia organizada, el 10 de mayo del 2016.

Mediante copias de croquis y mapas dibujados a mano en hojas de papel bond, con decenas de cruces marcadas, los familiares de los desaparecidos hallaron ese predio.

La FGE de la administración de Javier Duarte presumió que tomó “miles” de muestras de ADN a familiares de desaparecidos para buscar a sus seres queridos. No obstante, apenas 266 muestras sirven y están registradas en la base de datos.

El actual fiscal Jorge Winckler Ortiz admitió que hubo “mucho desorden” y “desaseo” en el manejo de cuerpos No Identificados (NI) enterrados en las fosas comunes de los panteones de Veracruz, así como en las pruebas genéticas tomadas a familiares de desaparecidos, las cuales fueron “muy deficientes”.

Solo dos, entre cientos

De los 249 cráneos hallados hasta el momento, sólo dos han podido ser reconocidos en exámenes de ADN por sus familiares: el de Pedro Huesca Barrada, exfiscal investigador especializado del gobierno de Javier Duarte y adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mediante el extinto Operativo Veracruz Seguro, y el de su oficial secretario, Gerardo Montiel.

Pasaron 45 meses antes de que los cráneos de ambos exservidores públicos fueran encontrados en este cementerio clandestino localizado a espaldas de la colonia Colinas de Santa Fe, en el llamado kilómetro 13.5 de una zona urbana.

En entrevista, Lucy Díaz Henao explicó que las madres del colectivo Solecito son quienes han “financiado” las exhumaciones de miles de fragmentos óseos y de más de 200 cráneos, pues la FGE del gobierno de Yunes Linares ha acusado indiferencia.

Antes de asumir el cargo, el actual gobernador de Veracruz prometió que en sus primeros 100 días de gobierno el tema de los desaparecidos sería “jerárquico” en la agenda pública.

No obstante, en dos ocasiones el fiscal Winckler Ortiz no se ha presentado a las reuniones programadas con colectivos de familiares de desaparecidos.

En la única a la que ha asistido, el funcionario y el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, llegaron con tres horas de retraso.

Durante el sexenio de Javier Duarte, en Veracruz hubo mil 100 desapariciones con averiguación previa abierta. No obstante, en la mayoría, los familiares continúan con la búsqueda de sus hijos, según información obtenida por Apro vía el sistema de Transparencia de la Información.

Según el fiscal Winckler Ortiz, en ese periodo hubo más de dos mil 300 desapariciones.

A escala nacional, Veracruz ocupa el primer lugar nacional en desaparición forzada, pues aglutina 17% de los casos, por encima de Guerrero y Tamaulipas, según datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) entregados a Apro vía Infomex.

                                                         
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