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TEPJF desechó 250 demandas contra el Plan B por carecer de “afectación directa”

Se espera que el Tribunal analice, en los próximos días, alrededor de 200 expedientes de impugnaciones para determinar si son o no procedentes

infobae.com

De manera unánime, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartó 250 demandas presentadas por ciudadanos en contra del paquete de reformas conocido como “Plan B”.

Del total, 241 fueron interpuestas por personas que se identificaron como trabajadoras de algún órgano del Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que las nueve restantes provenían de personas ajenas a dicho organismo.

Las y los impugnantes basaron sus demandas en el argumento de que las modificaciones legales en materia electoral vulneraban sus derechos políticos y electorales, además de que su entrada en vigor atentaba contra la autonomía del INE.

Teniendo esto en cuenta, solicitaron a la autoridad judicial que se hiciera un análisis de las reformas aprobadas y publicadas recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Tribunal Electoral desechó las 250 demandas de manera unánime. (TEPJF)

Sin embargo, el TEPJF desechó el conjunto de demandas debido a que no está dentro de sus facultades la revisión de normas “en abstracto” y quienes las presentaron no especificaron ningún acto concreto de aplicación que ameritara el análisis.

“No se puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas en las 250 demandas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales vigentes, por su sola entrada en vigor y, por tanto, sin un acto de aplicación en concreto, pues el Tribunal Electoral no tiene facultades para analizar normas, en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto”, fue la conclusión del Tribunal.

Según reportes de La Jornada, se espera que en los próximos días el Tribunal Electoral lleve a cabo el análisis de alrededor de 200 expedientes de denuncias y será la semana siguiente cuando determine si son procedentes o si también serán desechados.

Las y los demandantes no especificaron un acto de aplicación concreto que ameritara el análisis del Plan B. (REUTERS/Raquel Cunha)

Los aspirantes a consejeros del INE

En medio de la discusión sobre los cambios al funcionamiento del INE que representará la aplicación del Plan B, el Comité Técnico Evaluador (CTE) del Instituto publicó el 8 de marzo de 2023 los resultados del examen que realizaron las y los aspirantes para renovar el Consejo General. Concretamente, los cargos disponibles son: una consejera presidente o un consejero presidente, y tres cargos de consejeras o consejeros electorales.

Cabe recordar que el 4 de abril del año corriente abandonarán su puesto Lorenzo Córdova Vianello (actual consejero presidente), Ciro Murayama Rendón, Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela Herrera.

Respecto a las personas que buscan relevarlos como integrantes del Consejo General del INE, el CTE detalló que la lista definitiva incluyó a 531 aspirantes, de los cuales sólo 508 presentaron el examen.

Jaime Castañeda Salas fue el aspirante a consejero mejor evaluado por el Comité.

El mejor evaluado, con 79 aciertos, fue Jaime Miguel Castañeda Salas, quien desde 2021 se desempeña como coordinador de asesores de la representación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el INE.

Antes de ostentar dicho cargo, fue Director General de Análisis y Prospectiva de la Secretaría del Bienestar, del 2019 al 2021. Previo a eso, fungió como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en el periodo del 2018 al 2019.

Otra figura cercana al partido oficialista que estuvo entre las mejores evaluadas es Bertha María Alcalde Luján, quien estuvo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como abogada general y como jefa de oficina entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020. Posterior a ello, fungió como delegada de programas federales en Chihuahua, donde, entre otras labores, se encargó de coordinar la estrategia de vacunación en la entidad.

Además, es hermana de Luisa María Alcalde, actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), e hija de Bertha Elena Luján Uranga, exsecretaria general y expresidenta del Consejo Nacional de Morena.

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