Alejandro León
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO 06-Mar-2020 .-Dos feminicidas mutilaron los cuerpos de varias mujeres para tirar los restos en un lote baldío o guardarlos en un domicilio de Jardines de Morelos, Ecatepec, entre las víctimas está Arlet Samanta.
La ocultación o mutilación de restos humanos está definido en el Artículo 224 del Código Penal del Edomex como contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, con penas de 6 meses a 2 años de prisión.
Fue por ese delito que Juan Carlos y Patricia fueron detenidos y recluidos en el Penal de Chiconautla.
A esa pareja se le atribuyen al menos 10 feminicidios y haber cometido canibalismo con las víctimas.
María, la madre de Arlet Samanta, interpuso un amparo ante un Juez para que ese delito sea reclasificado y los responsables que ya fue sentenciados cada uno a 40 años por el feminicidio, también sean juzgados por el delito de desaparición forzada.
El Artículo 34 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, advierte una pena de 25 a 50 años de prisión a los particulares que cometan ese delito.
«Es patético, fue el primer delito por el cual los agarraron.
«En la reclasificación, nos fuimos a amparo. Estamos esperando a volver a retomar las audiencias», declaró María a REFORMA.
Agregó que el Ministerio Público no se ha presentado a cuatro audiencias donde se abordaría la reclasificación.
Actualmente, María cuida de los tres hijos menores de edad que dejó «Sam», como le decía su familia.
Mañana participará en la marcha que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo para que los hijos de víctimas de feminicidio sean visibilizados.
Por cada menor, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Edomex le da aproximadamente 3 mil pesos al año como apoyo de beca escolar, recursos que le han sido insuficientes.
«Creo que si en un momento no hicieron su trabajo desde el 2012 que él empezó a matar y que si ellos están detenidos fue también porque nosotras pues nos pusimos a trabajar, lo único que yo pido es educación.
«No pido nada más que educación para mis niños, el Estado tiene ese compromiso con ellos, porque si hubieran trabajado ella estaría todavía viva», narró.
La Fiscalía de Justicia mexiquense señaló que realizan la reclasificación del delito porque consideran que la conducta de los responsables se vincula con la desaparición forzada por particulares, ya que desaparecieron el cuerpo de la víctima con el fin de ocultar el feminicidio.
