Zerón está señalado por los delitos de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas.
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Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), escapó del país, confirmó este martes Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.
Zerón está señalado por los delitos de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El fiscal general comentó que se solicitaron 46 nuevas órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa.
«Estas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Tomas ‘Z’, quien huyó del país y ya cuenta con una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol para su ubicación», explicó.
Fue el pasado 18 de marzo cuando la Fiscalía señaló que contaba con una orden de captura contra Zerón.
El extitular de la AIC tramitó en este mes un amparo contra esa y cualquier otra orden que lo señalara por el caso Ayotzinapa, misma que fue admitida a trámite por Samuel Sánchez Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México el 23 de junio pasado.
Zerón estuvo a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) se le señaló como responsable de haber violado el debido proceso, al alterar evidencia del caso y haber sembrado bolsas de plástico con osamentas en el Río San Juan, ubicado en Cocula, Guerrero.
«Se acabó la verdad histórica»
Tras advertir que “se acabo la verdad histórica” del caso Ayotzinapa, Gertz Manero reveló que fueron localizados nuevos restos humanos que ya son analizados en Austria por especialistas de la Universidad de Innsbruck y que podrían llevar al paradero de los 43 normalistas desparecidos.
Recordó que en septiembre de 2014, la entonces PGR consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas, en virtud de la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso.
Entre estas estuvieron la detención arbitraria; la tortura; la dilación en las puestas a disposición; la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento, y ocultamiento de pruebas suficientes que permitieran conocer el destino de las víctimas.
Gertz Manero señaló que en 2019, ya con la nueva Fiscalía, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados, y que no tienen obstáculo procesal para poder ser judicializados.
