El grupo de expertos anunció su salida del país debido a la falta de cooperación de las autoridades mexicanas para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014
infobae.com
Luego de ocho años, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se despidió del Caso Ayotzinapa, uno de los principales emblemas de la impunidad y la vulneración a los derechos humanos en la historia reciente del país.
Entre los aspectos más destacados de su sexto —y último— informe de investigaciones, el grupo evidenció la participación de las Fuerzas Armadas y distintas corporaciones de seguridad en la trágica desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Desde que el GIEI inició su colaboración en las indagatorias se encontró con múltiples obstáculos. Por ejemplo, solicitó acceso a las grabaciones de las 25 cámaras del sistema Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) ubicadas en Iguala, pero las autoridades les dijeron que sólo cuatro de ellas funcionaban. Por si fuera poco, únicamente les entregaron fragmentos editados de videos captados en la salida a Taxco.
Una de las instituciones de mayor relevancia mencionadas en el documento del GIEI es el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —convertido ahora en el Centro Nacional de Inteligencia— que no sólo ocultó su conocimiento testimonial de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, sino que sus agentes participaron en actos de tortura junto con miembros de otras instituciones.
“El GIEI encontró registros en video de sesiones de interrogatorio de detenidos acusados de participar en el ataque y desaparición de los normalistas, que incluyen torturas […] En las grabaciones aparecieron agentes de Seido, Cisen y la Marina que incluían prácticas de amenazas y torturas a los detenidos en condiciones de indefensión, atados o esposados, encapuchados”, puede leerse en el informe.
La secrecía de la Marina
La complicidad de esta última dependencia —la Secretaría de Marina (Semar)— es otro de los puntos clave para entender el grado de involucramiento del gobierno en el caso.
En 2017, en respuesta a una solicitud de información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Marina dijo que sus actividades en el caso se habían limitado a “proporcionar seguridad perimetral” y al envío de buzos en la búsqueda de restos humanos en el Río San Juan el 29 de octubre de 2014.
Sin embargo, la institución ocultó la mayoría de sus operaciones, pues documentos a los que tuvo acceso el GIEI revelaron acciones como el despliegue de drones y participación en diversas capturas.
Según pudo constatar el grupo de expertos, después de la desaparición de los jóvenes la Marina capturó a varios presuntos criminales, los trasladó a sus instalaciones en la Ciudad de México —en lugar de presentarlos a las autoridades competentes— y los torturó para que brindaran declaraciones forzadas.
Aunado a ello, videos captados por un dron revelaron actividades ilegales de la Marina “no pedidas por la PGR y de cuyo contenido no se dejó constancia” desde el 27 de octubre de 2014 en el Río San Juan, dos días antes de que se reportara oficialmente el hallazgo de una bolsa con restos humanos.
Las declaraciones e informes obtenidos por el GIEI expusieron que el 28 de octubre de ese año, elementos de la Marina ya habían avistado una bolsa con los restos humanos de Alexander Mora Venancio a las orillas del río, pero el hallazgo fue anunciado oficialmente un día después.
A casi nueve años de ello, no se ha proporcionado ningún documento que explique la cadena de custodia de dicha bolsa, pues la Marina sólo refirió que fue entregada a un funcionario de la extinta PGR, cuyo nombre nunca fue revelado.
De igual manera, en una posterior solicitud de transparencia, la Marina reconoció el hallazgo de nueve bolsas “que nunca han sido reportadas dentro de la investigación”.
Adicionalmente, el GIEI asentó en el documento el despliegue secreto de marinos en el Basurero de Cocula el 27 de octubre, al menos tres horas antes de que arribaran los agentes de la PGR y se “descubriera” oficialmente la escena.
“[Participaron] al menos dos patrullas de Marina, con al menos 10 personas, que llevaban materiales en bolsas y otros en cajuela de los pick-up; que bajaron a la parte de abajo del basurero, donde se encontrarían posteriormente restos carbonizados; que entraron en la escena, golpearon objetos y manipularon el lugar; así como hicieron una fogata en la parte de arriba del basurero”. Todo esto, sin seguridad perimetral alguna.
Ejército opaco y vinculado a Guerreros Unidos
Como ha ocurrido a lo largo de los años en que el Caso Ayotzinapa se ha mantenido como una dolorosa incógnita, el GIEI señaló nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una de las principales responsables de los hechos por su secrecía, omisión y vinculación con el crimen organizado.
Al respecto, el informe recuperó una orden emitida desde la Comandancia de la IX Región Militar, ubicada en Acapulco, para que el personal de la 35 Zona Militar recabara información y fotografías sobre las movilizaciones de estudiantes en su traslado a la Ciudad de México para la conmemoración del 2 de octubre de 1968.
Sin embargo, hubo una repentina interrupción en la secuencia de comunicaciones del personal militar entre las 21:00 y las 22:15 horas del 26 de septiembre, justo cuando ocurrió la persecución, agresión, detención y desaparición de los normalistas.
“Se produce un apagón en la información militar de SEDENA y de CISEN, de la Policía Estatal y federal. TODO ESTO ES CONTRARIO a la necesaria existencia fílmica, fotográfica y documental de los hechos del 26-27 de septiembre que DEBE EXISTIR, porque se ordenó recabarla, enviarla y protegerla (sic.)”, estableció el documento.
Finalmente, el GIEI retomó un proceso judicial iniciado por la Fiscalía de Chicago, Estados Unidos, que evidenció los nexos entre los mandos de los 27 y 41 Batallones de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Las intervenciones telefónicas ejecutadas por las autoridades estadounidenses permitieron concluir que hubo “pagos y relaciones con varios militares”, pues “les proporcionaban dinero para que dejaran llevar a cabo sus acciones a Guerreros Unidos”.
La retirada del GIEI de nuestro país, además de dejar a la deriva las investigaciones sobre el Caso Ayotzinapa, hace visibles los tropiezos del actual gobierno para presentar avances, ya que la confianza de los expertos se vio sumamente afectada desde agosto de 2022, cuando la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), encabezada por Alejandro Encinas, presentó un informe con supuestas pruebas sin sustento.
A ello, se sumaron las fricciones entre el GIEI y la Fiscalía General de la República (FGR), cuya colaboración ha sido prácticamente nula
