Nuevos testimonios recopilados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señalan que en el rancho Izaguirre se practicaban más actos ilícitos
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Un predio ubicado en la localidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaba un crematorio clandestino, donde, además del reclutamiento forzado y asesinatos sistemáticos, se habrían cometido otras prácticas ilícitas atroces y violentas, de acuerdo con nuevos testimonios obtenidos por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
El sitio, conocido como rancho Izaguirre, fue localizado por el colectivo el pasado 5 de marzo, tras una llamada anónima, y ya había sido intervenido por las autoridades estatales en septiembre de 2024. Sin embargo, según denunció el colectivo, en aquella intervención no se documentaron ni aseguraron los hornos crematorios ni los restos humanos, a pesar de las evidencias que ahora han salido a la luz.
Información revelada por autoridades y el colectivo señalan que en el predio utilizado como campo de exterminio y centro de reclutamiento fueron hallados tres hornos crematorios subterráneos, restos óseos, ropa, maletas, credenciales, zapatos, casquillos, y estructuras utilizadas para adiestramiento armado.
De acuerdo con la líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, esta historia de horror empieza a raíz de las múltiples desapariciones de jóvenes registradas en la central de autobuses: “Ofrecían una buena paga, 5.000 pesos a la semana, por ser guardia de seguridad, chófer… pero siempre los citaban en la central. Ahí los interceptaban y ya no se sabía nada”, dijo en entrevista con Aristegui Noticias.
Según explicó, los jóvenes eran llevados al rancho, donde eran sometidos a aislamiento, violencia física, y forzados a enterrar y quemar cuerpos. “Nos obligaban a hacer unos hoyos, unas fosas… ponían una plancha de piedra y ladrillo, ahí aventaban los cuerpos seccionados. En el fondo había un cuarto que le llamaban ‘la carnicería’, ahí nos obligaban a quemarlos”, narró Navarro al citar el testimonio de uno de los sobrevivientes.
En el lugar también se encontraron objetos como placas de titanio, dentaduras, y fragmentos de huesos humanos.
Abuso infantil y experimentos médicos
Durante la misma entrevista con Carmen Aristegui, Navarro reveló que la madrugada del 11 de marzo recibió una llamada de una joven que aseguró haber permanecido tres años privada de la libertad en ese lugar. La mujer, identificada como María, decidió dar su testimonio pese a que sabe que esto podría costarle la vida, comentó Indira Navarro.
“Me dijo que esto (el crematorio clandestino) tiene más de diez años, que opera desde 2012. Que la gente del lugar lo sabía, pero no podían hablar porque estaban amenazados. Me contó cosas muy fuertes”, relató Navarro.
Según los nuevos detalles que aporta el testimonio de María, en el rancho se practicaban “experimentos médicos”: “Contaba de que había unos médicos que iban y hacía como unos experimentos, obviamente se trataba de venta de órganos”, mencionó.
También aseguró haber presenciado casos de abuso infantil. “Había un jefe que le gustaban las niñas, le llevaban niñas, obviamente estamos hablando de pedofilia”, comentó.
Por otro lado, según lo relatado por la testigo al colectivo, cuando alguno de los cautivos lloraba o mostraba señales de debilidad, era arrojado a un área del rancho conocida como “la puerquera”. Ese espacio, delimitado con alambres de púas, albergaba cerdos que atacaban a las personas, devorándolas por partes.
“No es una película de terror, es peor”
En otra entrevista con Adela Micha en el programa La Saga, Navarro amplió algunos detalles. “Yo pensé que ya había escuchado todo… pero lo que me contó era inaudito”, expresó.
Según la información de María, en los años que ella estuvo en el rancho los reclutas eran obligados a participar en peleas en lodo como método de castigo y control, donde el alimento era utilizado como incentivo o premio. Dormían hacinadas directamente sobre el suelo, bajo una lona colocada en el área conocida como el domo, en condiciones precarias e insalubres.
La sobreviviente señaló que en ese entonces los reclutados eran obligados a vestir ropa naranja, similar a los uniformes utilizados en centros penitenciarios, con el objetivo de identificarlos fácilmente. Quienes intentaban escapar eran ejecutados de inmediato, según el testimonio.
Según la testigo, algunos mandos del grupo criminal solicitaban la entrega de personas específicas, incluso por encargo. En algunos casos, se trataba de represalias contra civiles, como empresarios que habían tenido conflictos con integrantes del grupo.
La joven que logró comunicarse con Indira Navarro describió también que, tras un periodo de adiestramiento, las personas eran enviadas a zonas de conflicto como Zacatecas o Michoacán, utilizadas como carne de cañón. Quienes lograban sobrevivir a esa primera etapa eran transferidos a un segundo nivel, descrito como una “escuela del terror”, donde recibían entrenamiento armado impartido por civiles, exmilitares y personas extranjeras, según relataron otros jóvenes entrevistados por el colectivo.
En ambas entrevistas, Navarro insistió en la responsabilidad de las autoridades por no haber documentado los hallazgos en la intervención de septiembre de 2024. “Hicieron prospección dos días. Dijeron que era muy grande el rancho, pero mide menos de una hectárea. Hicieron tres hoyos y no pasaron georradar”, señaló.
La líder del colectivo hizo un llamado al Gobierno Federal y a organismos internacionales para que intervengan en el caso. “Necesitamos apoyo urgente. Esto ya sobrepasó al Estado. Aquí desaparecen personas todos los días. Esto no se puede quedar así”, declaró.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció el martes que la institución abrirá una investigación, y cuestionó la falta de acción previa: “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”, dijo en su intervención durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el registro estatal de personas desaparecidas en Jalisco, hay actualmente 15 mil 426 personas no localizadas, de las cuales 12 mil 407 son hombres y 5 mil 487 mujeres. Zapopan es el municipio con más casos, con 2 mil 774 personas desaparecidas hasta el 28 de febrero.
Navarro advirtió que decenas de familias se han comunicado para identificar prendas y objetos encontrados en el rancho. La fiscalía ha lanzado un documento en donde se encuentra la información detallada y fotografías de los objetos hallados en el lugar.
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