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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las transferencias por dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) a familiares y/o empresas vinculadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ocurrieron durante los sexenios de Felipe Calderón, en 2010, y en el de Enrique Peña Nieto, en 2013 y 2017.
No obstante, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró que hasta el momento no hay información que vincule directamente a los exmandatarios.
“Es un tema relevante incluye por supuesto las transferencias en el gobierno de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto. No tenemos ningún vínculo hasta este momento, sólo que las transferencias se realizaron durante sus respectivas administraciones.
“Pero lo que sí tenemos que dejar de manifiesto es que no es un tema de persecución política”, sostuvo el funcionario en entrevista con Carmen Aristegui.
Detalló que las transferencias realizadas en 2010, 2013, 2017, habrían sido parte de un proceso, mediante el “que se utilizó durante varios años a estas empresas (donde García Luna es accionista) que terminaban triangulando los recursos”.
Nieto Castillo omitió dar detalles sobre la empresa a la que la Segob habría transferido los recursos pues, dijo, si se hacen públicos ciertos datos se podría dar una ventaja a las personas investigadas.
Los pagos, por asesorías
Según el titular de la UIF el dinero fue otorgado por la contratación de “asesorías y por temas computacionales”, por lo que las autoridades se darán a la tarea de ver si hay triangulación de recursos.
Añadió que la tesis que defenderá la UIF frente al Ministerio Público “es que se trata de corrupción política”.
“La triangulación de recursos, puede implicar un acto de lavado de dinero y de corrupción política. Creemos que esta parte será lo que tendremos que justificar en la presentación de las denuncias. Vamos a ofrecer el apoyo y la información con la que contamos”, abundó.
Nieto castillo dijo que existe buena coordinación con el gobierno de Estados Unidos para trabajar el caso, pero dejó en claro que comenzaron a desarrollar el caso dos meses antes de que se diera a conocer la noticia.
Explicó que las 11 cuentas bancarias vinculadas con García Luna se congelaron después de que se logró su detención para evitar alertarlo.
“El tema del congelamiento de cuentas es la herramienta más importante de la UIF. Pero el hecho de que les congeles las cuentas a alguien, lo alerta.
“No alertamos hasta que se tienen las órdenes de aprehensión en contra de las personas investigadas, por eso nos esperamos a que hubiera esta detención. No sabíamos cuándo iba a ser”, refirió.
