La crisis bilateral que detonó el secuestro de los ciudadanos estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, le ha abierto la puerta al gobierno de Joe Biden para intentar recuperar los espacios de acción que tenía con agencias de seguridad mexicanas, pero que fueron acotadas en el gobierno de la 4T.
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La crisis bilateral que detonó el secuestro de los ciudadanos estadunidenses en Matamoros, Tamaulipas, que incluso dio pie a una propuesta republicana de enviar tropas a México, le ha abierto la puerta al gobierno de Joe Biden para intentar recuperar los espacios de acción que –en nombre de la lucha antinarco– tenía con agencias de seguridad mexicanas, pero que fueron acotadas en el gobierno de la 4T. “Tenemos que fortalecer los esfuerzos entre Estados Unidos y México con nuestros equipos de seguridad y nuestras agencias de seguridad”, reclama el embajador Ken Salazar.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La desaparición de cuatro ciudadanos estadunidenses y posterior hallazgo de dos de ellos muertos, un herido y una más ilesa en Matamoros, Tamaulipas, detonó reuniones, llamados e intercambio de declaraciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que derivó en la advertencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de que se tienen que desmantelar los cárteles en territorio mexicano, pero que eso no se logrará sin la confianza entre las agencias de seguridad de ambas naciones.
La declaración del representante de la administración de Joe Biden fue una alusión clara a la medida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de acotar la operación de los agentes de la DEA en territorio mexicano, luego de la experiencia durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña en las cuales las agencias estadunidenses operaban sin control en territorio nacional.
La participación de agentes del FBI en el rápido esclarecimiento del caso que involucró a los cuatro estadunidenses, presuntamente ligados al tráfico de drogas, llevó al embajador a insistir en la necesidad de la cooperación bilateral en materia de seguridad, la cual ha sido limitada por el actual gobierno de la 4T.
El intercambio de información –por la desconfianza por parte de México– se redujo aún más después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general en retiro Salvador Cienfuegos, a quien el Departamento de Justicia acusaba de proteger al narcotráfico. (Proceso 2299).
La noticia sobre la desaparición de los estadunidenses se conoció el viernes 3 por videos difundidos en redes sociales, donde se observa a personas subiendo los cuerpos de los extranjeros en una camioneta, lo que desató una respuesta inmediata del gobierno estadunidense. En este hecho destaca la muerte de una mexicana de 33 años, quien fue alcanzada por una bala perdida.
El mismo viernes el Consulado de Estados Unidos en Matamoros publicó el recordatorio de la alerta de viaje nivel 4 para ese municipio en Tamaulipas. Cuando se confirmó que las víctimas eran estadunidenses, el FBI anunció el domingo 5 una recompensa de 50 mil dólares para quien ofreciera informes que llevaran a encontrarlos y a la captura de los responsables.
Fue entonces que el gobierno mexicano estableció un grupo de trabajo de alto nivel con la participación de los tres niveles de gobierno y las agencias de seguridad de Estados Unidos; 72 horas después del secuestro, López Obrador dijo que los estadunidenses cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México, “y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos, eso es la información que tenemos”.
