Actualidad.rt.com/ El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha despedido a la fiscal general en funciones, Sally Yates, por desobedecer la orden ejecutiva del mandatario. «La fiscal general en funciones, Sally Yates, ha traicionado el Departamento de Justicia al negarse a llevar a cabo la orden legal que busca proteger a los ciudadanos de Estados Unidos», según un comunicado de la Casa Blanca.
«La Sra. Yates es una persona designada por la Administración de Obama, es blanda en cuanto a las fronteras y muy blanda con la inmigración ilegal», reza el documento. «Es hora de ponernos serios en cuanto a la protección de nuestro país. Instar a examinar más minuciosamente a individuos que provienen de siete lugares peligrosos no es extremo. Es razonable y necesario para proteger nuestro país».
El fiscal de distrito oriental del estado de Virginia, Dana Boente, fue nombrado como nuevo jefe del Departamento de Justicia en sustitución de Yates. «Me siento honrado de servir al presidente Trump en este papel hasta que el senador [Jeff] Sessions sea confirmado. Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para garantizar que nuestro pueblo y nuestra nación son protegidos», dijo Boente como secretario general en funciones en un comunicado de prensa.
«No estoy convencida de que sea legal»
Yates fue relevada del cargo el lunes 30 de enero, solo unas horas después de que se difundiera la noticia según la cual dio a los abogados del Departamento de Justicia instrucciones de no defender el decreto del presidente sobre inmigración y refugiados.
«Soy el responsable de garantizar que las posturas que tomamos en el tribunal son coherentes con la solemne obligación de esta institución de buscar siempre la justicia y abogar por lo que es correcto», escribió en una carta citada por el periódico ‘The New York Times’. «En estos momentos no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea coherente con esas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal».
El mandatario estadounidense firmó la orden ejecutiva para regular el flujo de entrada de inmigrantes en EE.UU. el pasado 27 de enero. Esa medida contempla la restricción durante 90 días del acceso a territorio norteamericano de personas procedentes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
La orden provocó fuertes protestas y críticas tanto dentro de EE.UU. como más allá de sus fronteras. Numerosos actos de protesta se registraron en los aeropuertos internacionales de EE.UU. y en torno a la Casa Blanca.
El fiscal general del estado de Washington (en el noroeste de EE.UU.), Bob Ferguson, anunció que presentaría una demanda contra la orden ejecutiva.
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