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Nueva York.
El gobierno de Donald Trump ha formulado las tácticas para llevar a cabo su anunciada guerra contra los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos –la mayoría mexicanos–, que incluyen medidas para ampliar y acelerar las detenciones y deportaciones, multiplicar las filas de los agentes de migración y proceder de inmediato a la construcción del muro.
Dos borradores de memorandos elaborados por el Departamento de Seguridad Interior y firmados por su secretario, el general retirado Michael Kelly, establecen el esquema e instrucciones para la implementación de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el 25 de enero sobre las nuevas medidas sobre mayor control de la población indocumentada y la construcción del muro fronterizo.
Los borradores fueron filtrados a algunos medios el fin de semana (primero los periódicos McClatchy, después Washington Post y Reuters) están bajo revisión de abogados de la Casa Blanca, pero podrían ser ya aprobados esta semana.
Kelly justifica las medidas con el argumento de que la oleada de inmigración en la frontera sur ha desbordado a las agencias federales y los recursos y ha creado una significativa vulnerabilidad de seguridad nacional para Estados Unidos.
La orden de mayor impacto inmediato es la ampliación dramática de la definición de cuáles indocumentados serán prioridad para aplicar las medidas de persecución, que en esencia pone ahora en riesgo a todo indocumentado.
Ya no sólo un inmigrante condenado por un delito está sujeto a la deportación, sino cualquiera que haya sido simplemente acusado de un delito, o que haya cometido actos que pudieran constituir un delito; que haya cometido fraude o haya mentido en relación con un asunto oficial ante una agencia gubernamental; que haya abusado de los servicios públicos, que esté bajo órdenes de abandonar el país o que a juicio de un oficial de inmigración represente un riesgo a la seguridad pública o la seguridad nacional. O sea, casi todos los 11 millones caben en alguna parte de esta lista.
Las medidas también establecen que inmigrantes indocumentados detenidos –aparentemente con ciertas excepciones– ya no serán liberados antes de sus citas en los tribunales de inmigración, lo cual puede implicar semanas y hasta años de espera y separación de familias.
Más aún, según el abogado de migración Jose Pertierra, las nuevas definiciones son tan amplias que cualquiera que haya cometido incluso una infracción o delito menor es sujeto de deportación. Por lo tanto, afirma el abogado a La Jornada, si él lleva a un cliente ante un tribunal que tiene sólo un antecedente delictivo –tan menor y común como mentirle a una autoridad sobre sus documentos, o ser arrestado por manejar bajo la influencia de alcohol– podría ser sujeto a quedar detenido ahí mismo. No sabemos qué hacer ante eso; estamos ante una situación en la que presentar a un cliente ante un tribunal es como llevar a un cristiano a los leones en la época romana.
A la vez, las medidas permitirán a las autoridades solicitar procedimientos expeditos de deportación para cualquier indocumentado que haya permanecido en este país hasta por dos años; actualmente sólo se aplican a los que han estado dos semanas o menos. Otra medida permite que todo inmigrante mexicano detenido en la frontera sea de inmediato regresado a México para esperar la conclusión de sus audiencias sobre deportación, evitando así que sean detenidos en instalaciones estadunidenses.
Las directrices también se enfocan en frenar el flujo de menores de edad no acompañados (unos 155 mil han llegado a lo largo de los últimos tres años desde Mexico y Centroamérica, indica el documento) e incluyen fiscalizar a sus padres en Estados Unidos por conspirar para violar nuestras leyes de inmigración, con el fin de lograr que sus hijos lleguen por manos de traficantes.
Muros y policías
Se ordena que la agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) de inmediato inicie la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de un muro fronterizo. Pero aclara que esto será en lugares apropiados y empleando materiales y tecnología apropiada para lograr un control operativo más efectivo de la frontera, lo que de nuevo deja la duda de si, como se ha especulado, no se contempla un muro físico a lo largo de la frontera. Más aún, el memorando deja ambiguo el controvertido tema de los fondos para financiar la construcción del muro.
Los memorandos incluyen instrucciones para iniciar la contratación de 10 mil agentes adicionales de la agencia de control de inmigración (ICE) y 5 mil más para la Patrulla Fronteriza, tal como se indicaba en las órdenes ejecutivas de Trump.
A la vez, se ampliará un programa de colaboración de las agencias federales con policías locales para la persecución de inmigrantes indocumentados. El programa promulgado por el presidente Bill Clinton fue criticado por los abusos de derechos civiles que provocó y fue semi-abandonado por el gobierno de Barack Obama.
Otra medida es que migrantes detenidos que crucen la frontera terrestre contigua a Estados Unidos serán retornados a ese mismo territorio desde donde cruzaron, sin importar su país de origen.
Las nuevas medidas remplazan casi todas las emitidas sobre este rubro por gobiernos anteriores, lo cual incluye el enfoque limitado aplicado por el gobierno de Barack Obama de dirigir los esfuerzos de deportación sólo contra criminales reincidentes o los que tienen vínculos con el terrorismo.
Por ahora las medidas no incluyen a los dreamers
Sin embargo, es notable por su ausencia en estos memorandos el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), establecido por orden ejecutiva de Barack Obama, que beneficia a 750 mil jóvenes indocumentados. En torno a la DACA, Trump ha repetido que buscará una solución para muchos de estos jóvenes –aunque recordó que entre ellos también hay criminales–, ya que tiene un gran corazón.
Estas medidas se revelan poco después de que se filtró otro documento que indica que el gobierno de Trump estaba considerando el uso hasta de 100 mil elementos de la Guardia Nacional en 11 estados para la persecución de inmigrantes, lo que provocó pánico y furia entre diversos sectores.
Aunque la Casa Blanca declaró que esa propuesta era falsa, varias fuentes informaron a los medios que estaba circulando a los niveles más altos del nuevo gobierno. Sin embargo, no se hace mención de la Guardia Nacional en los memorandos de Kelly.
El nivel de alarma entre comunidades inmigrantes, y sus defensores, se ha elevado cada día desde que Trump llegó a la Casa Blanca.
Joanne Lin, abogado de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), afirmó en una declaración que el debido proceso legal, la decencia y el sentido común son tratados como obstáculos inconvenientes en el camino a las deportaciones masivas. El gobierno de Trump está decidido a infligir crueldad sobre millones de familias inmigrantes por todo el país. Agregó que estas políticas son una combinación sin precedente de acciones inconstitucionales radicales al hacer casi todo migrante “una prioridad para la detención y deportación.
Unos 11 millones viven en este país fuera de la ley. De repente, por decreto presidencial, todos son prioridad para la deportación, todos son supuestos criminales, todos son amenazados con destruir su vida, junto con miembros de sus familias. El fin para ellos puede llegar en cualquier momento, comenta el editorial del New York Times. Este es el Estados Unidos de hoy, de este mes, de esta mañana, afirma, al indicar que de repente los inmigrantes se sienten “fugitivos… aterrorizados de que el gobierno de Estados Unidos los encontrará, o a sus padres, o a sus hijos, les exigirán sus papeles y se los llevarán”.
Quizá por primera vez en su historia, el Times invita a resistir todo esto con el poder de la gente en las calles, ante la limitada reacción y poder de legisladores opositores y de los tribunales.
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