La investigación estuvo obstaculizada en varias ocasiones. Faltó coordinación entre las autoridades chiapanecas y la Comisión Nacional de Búsqueda
infobae.com
El 30 de junio de 2020, el menor Dylan Esaú Gómez Pérez fue sustraído en el Mercado Popular del Sur en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Su madre, Juana Pérez, narró que Dylan desapareció cuando iba a visitar el local de su abuela en el mercado.
Juana Pérez denunció la desaparición ante la Fiscalía de Justicia Indígena y la investigación preliminar encontró que las cámaras del C4 registraron a una “mujer y una niña” mientras sustraían al menor.
El 2 de julio, el gobierno de Chiapas publicó la Alerta Ámber para dar a conocer la desaparición de Dylan y solicitar asistencia del público en su búsqueda. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación correspondiente al delito.
Dos semanas después, el 14 de julio, Juana Pérez, familiares y allegados marcharon en San Cristóbal de las Casas para exigir el hallazgo de su hijo. Dos días después, Jorge Luis Llaven Abarca declaró que la fiscalía chiapaneca tenía “avances” en la investigación.
El 15 de julio, autoridades locales detuvieron a Adolfo Gómez y Josefa Sánchez, quienes estaban supuestamente implicados en la desaparición de Dylan.
Dos días después, un operativo de la FGE supuestamente “desarticuló una red de trata de menores”. El resultado fue la detención de tres mujeres tzotziles, Maribel “N”, María Hortensia “N” y Juana “N”, hijas y nuera de Adolfo Gómez, y el hallazgo de 23 menores, nietos de los detenidos el día 15.
Tres de los menores fueron identificados como hijos de las detenidas y, por ser lactantes, fueron llevados con sus madres al espacio de detención. Los demás pasaron al cuidado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Chiapas.
El martes 21 de julio, Juana Pérez llegó a la Ciudad de México para demandar la participación del gobierno federal en la investigación de Dylan. Al día siguiente, el presidente López Obrador hizo pública la información de las detenciones y aseguró que las “tres mujeres se dedican a esto (la trata de menores)”. También dijo que había “avances” en la investigación de Dylan. Juana Pérez comentó a Infobae México que no le informaron sobre información nueva.
Ese mismo día, la FGE de Chiapas ofreció una recompensa de 300 mil pesos por cualquier información sobre “Ofelia N”, sospechosa del secuestro. Además de otra recompensa igual por información que llevara al paradero de Dylan.
El 27 de julio, Adolfo Gómez murió en su celda. De acuerdo con la versión oficial, la causa fue suicidio, pero la familia del difunto denunció que el cuerpo tenía señales de golpes y tortura.
Diez días después, Infobae México, en su seguimiento del caso, reportó la información obtenida en entrevista con Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal, A.C., una asociación que se dedica a la protección de los derechos de la infancia y juventud indígenas. Haza describió las detenciones alrededor de la llamada “red de trata” como arbitrarias y violatorias de los derechos de los indígenas involucrados.
Además, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), explicó que las detenciones de población indígena suelen ser usadas como un mecanismo mediático para constatar los “avances” que declararon las autoridades, porque están en una posición social que les dificulta defenderse. De acuerdo con Pérez, la fiscalía carecía de cualquiera de los tres elementos necesarios para justificar las detenciones ante un juez.
Para que la fiscalía actuara como lo hizo, tenía que contar con al menos tres elementos cruciales: las alertas Amber de los menores o denuncias de su desaparición; tener evidencia documentada de los trabajos forzados que se denunciaban; y la certeza de que los acusados no estaban emparentados con los menores. Nada de eso estaba comprobado.
Cuando familiares de los niños encontrados acudieron al DIF con documentos que demostraban parentezco, la dependencia se negó a dejar que los niños partieran con sus familias.
El 5 de agosto, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el fiscal Llaven Abarca informó que habían identificado a los dos menores que se llevaron a Dylan del mercado. Ellos relataron que una mujer los engañó y les dio 200 pesos por llevarle al niño, les dijo que era su hijo.
El 7 de agosto, Juana Pérez comentó a Infobae México que el video con el que identificaron a los menores no era de las cámaras del C4, sino del mercado. Al parecer, los administradores del espacio se negaron a darlo voluntariamente y la investigación tuvo que esperar más de un mes para tramitar una orden que los obligara a liberarlo a las autoridades.
Este viernes 14 de agosto, un operativo de la FGE de Chiapas en el municipio de Cintalapa concluyó con el hallazgo de Dylan y la captura de Margarita “N”. De acuerdo con la versión de Llaven Abarca, la detenida se llevó a Dylan porque “quería un hijo y no podía tener uno”. Por eso Dylan estaba en buenas condiciones de salud cuando lo hallaron. Juana Pérez verificó esta información. “Mi niño se encuentra bien”, comentó.
En la conferencia de prensa para informar de la recuperación de Dylan, el fiscal informó que identificaron a la sospechosa gracias a las investigaciones y que eso los llevó a su domicilio. Negó la participación de los ciudadanos, por lo que nadie obtuvo la recompensa. El informe describió a Ofelia “N”, la sospechosa del boletín, como un alias de la detenida.
Con respecto de las mujeres detenidas y los niños que están bajo custodia del DIF, el fiscal descartó que esa investigación estuviera relacionada con la de Dylan. Y sostuvo la narrativa oficial de la “red de trata”.
