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COLIMA, Col. (apro).- Estudiante de tercer grado de secundaria, aficionado al futbol y seguidor del club América, Luis Ricardo viajó a Guadalajara el pasado 6 de diciembre para participar en un Campamento de Alto Rendimiento organizado por la Academia Nido Águila Tapatío, en busca de su incorporación a un equipo americanista de fuerzas básicas que competirá durante 2019 en diferentes torneos en Europa.
Tras recibir buenas calificaciones por parte de los visores, el adolescente de catorce años, conocido cariñosamente por sus amigos como Koala, regresó feliz porque veía cercana la posibilidad de cristalizar su sueño de jugar en el viejo continente vistiendo el uniforme de su equipo favorito.
Ello, sin embargo, ya no será posible porque la noche del 17 de diciembre siguiente, en el contexto de una supuesta confusión, un policía estatal de Colima le destrozó una vértebra al balearlo por la espalda y, según los dictámenes médicos, quedará parapléjico por el resto de su vida.
Evidencias y testimonios relacionados con este caso revelan que los hechos se desencadenaron a partir de la intervención de agentes de la Unidad Andrómeda —un grupo especial de la Policía Estatal que opera de manera encubierta, sin uniformes ni demás distintivos oficiales—, quienes presuntamente confundieron con detonaciones de arma de fuego el sonido de la explosión de cohetes con los que se divertía el muchacho junto con cuatro de sus amigos, y trataron de detenerlos.
Según documentos que forman parte de la carpeta de investigación 776/2018, los jóvenes de entre 14 y 16 años —Jorge Emilio, Marco Antonio, Luis Arnoldo, Sergio Emilio y Luis Ricardo— declararon ante el Ministerio Público que la noche del incidente salieron a bordo de un vehículo Jeep tipo Sahara, conducido por el primero, y estuvieron tronando cohetes en el jardín de la colonia Colinas de Santa Bárbara, pero una mujer les pidió retirarse porque tenía un enfermo en su casa, por lo que se trasladaron a un fraccionamiento en construcción ubicado a un costado de la plaza Zentralia, en el Tercer Anillo Periférico, atrás del bar Jala la Jarra.
Cuando ya habían quemado otros cohetes, poco después de las 10:30 de la noche, vieron acercarse a un automóvil particular marca Nissan tipo Tsuru color blanco, con varios hombres armados vestidos de civil —posteriormente se sabría que eran elementos de la Unidad Andrómeda— que con palabras altisonantes les ordenaron que se detuvieran, pero los adolescentes se asustaron creyendo que eran delincuentes y huyeron en el Jeep, lo que generó una persecución por diversas vialidades, que concluyó con el suceso trágico cuadras más adelante.
Conforme al reporte de los hechos rendido por los policías encubiertos, en el operativo participó el automóvil Tsuru blanco con placas particulares FWA-7179, al que se sumó otro con características similares, placas FTD-2995, cada uno con tres elementos a bordo bajo el mando de José Julián López Martínez y Rubén Antonio Rodríguez Rodríguez, respectivamente.
En el documento, suscrito por López Martínez, los miembros de la Unidad Andrómeda dijeron haber escuchado “tres detonaciones de arma de fuego”, por lo que enfilaron rumbo al sitio en que estaban los menores, frente a quienes —aseguraron— se identificaron verbalmente desde el principio como policías y posteriormente, cuando los perseguían, oyeron más “detonaciones de arma de fuego”, por lo que a través del radio Matra pidieron apoyo de patrullas de la corporación.
Ante el Ministerio Público, ninguno de los muchachos hizo alusión a que los agentes se hubiesen identificado como tales. Incluso, Luis Arnoldo dijo: “nos asustamos porque no sabíamos quiénes eran” y entonces subieron a la camioneta para irse.
Mientras huían, los menores pidieron ayuda a la línea de emergencias 911, donde señalaron que viajaban en un vehículo Jeep y eran perseguidos por hombres armados en un automóvil Tsuru. La llamada, realizada por Marco Antonio desde su teléfono celular, fue recibida a las 22:40:13 horas por el operador identificado como eguevara y quedó registrada bajo el folio 19081794.
Cronología
En la bitácora del C4, de la que este corresponsal posee copia, se lee a las 22:41:21 la siguiente anotación: “Van siguiendo al reportante”. Nueve segundos después quedó escrito: “El reportante va en circulación en un Jeep”. A las 21:41:37: “Se le pide más información”. Enseguida: “Sólo se escucha el viento” y “El reportante se escucha agitado”. A las 22:42:23: “No responde y se corta la llamada”. Treinta segundos después, el operador anotó en la bitácora: “No se puede realizar cierre de la llamada”.
Marco Antonio declaró ante el Ministerio Público que no pudo concluir la llamada porque al pasar por un tope se le cayó el teléfono dentro del vehículo y al recogerlo accidentalmente presionó el botón de colgar.
Casi cinco minutos después de que se cortó la llamada de petición de auxilio por parte de los adolescentes, a las 22:47:14 la bitácora del C4 estableció: “Se observa por la cámara 06 Parque Royal un Jeep con placas H71AGC, el cual es detenido por las unidades 18-06 y 18-07. Dieciséis segundos más tarde quedó anotado que “con esta hora, se observa que la unidad 18-06 traslada a uno de los masculinos. A las 22:48:42 se amplía la información: La unidad M18-06 traslada a la persona a recibir atención médica, presuntamente por lesión de proyectil disparado por arma de fuego a la altura del omóplato izquierdo”.
En un video de las cámaras de vigilancia del C4, al que tuvo acceso el reportero, se aprecia la llegada de la patrulla 18-07 con los códigos apagados, que se detuvo en el área del camellón de la avenida Constitución, esquina con De la Paz, sin obstruir la circulación, y descendieron dos agentes uniformados con sus armas en las manos, un hombre del lado del conductor y una mujer del lado del acompañante.
Las imágenes muestran también el momento en que el Jeep baja apresurado por Constitución, empieza a dar vuelta a su derecha por De la Paz, junto a una pizzería, y se puede observar que el policía dispara al menos en dos ocasiones, a una distancia de 15 o 20 metros, sin que parezca que su integridad personal corre peligro.
Casi de inmediato el Jeep se detiene junto a un camellón y, mientras se acercan los agentes corriendo, bajan los muchachos con las manos levantadas y son obligados a tirarse al piso boca abajo, con las manos en la nuca, con excepción de Luis Ricardo, que se encontraba herido y no podía moverse.
En ese momento ya habían llegado en la patrulla 18-06 más policías estatales que se sumaron al operativo y aproximadamente a los 25 segundos de que se realizaron los disparos llegó el primer automóvil Tsuru con los agentes vestidos de civil, seguidos por el segundo vehículo.
En el video es posible ver cómo los policías someten a algunos de los jóvenes colocándoles una bota en el cuello o la cabeza. También se observa el momento en que Luis Ricardo es sacado del Jeep y arrojado al suelo sin consideraciones.
Sergio Alejandro declaró ante el Ministerio Público que un policía le propinó un rodillazo en la espalda, mientras que su amigo Emilio recibió una patada porque había dejado su teléfono celular en el Jeep y les dijo que no se lo fueran a robar, y contestó uno de los agentes: “Quién te lo está robando, hijo de tu puta madre”. Luis Arnoldo mencionó que cuando bajaron del vehículo “a todos nos acostaron en el suelo y fue ahí que los policías nos golpearon”.
Abuso policial
Uno de los menores declaró ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) que el único que se quedó en el Jeep fue Luis Ricardo y “entonces llegan como dos o tres policías y lo bajaron jalándolo a la fuerza, tirándolo al piso y lo empezaron a patear, y fue hasta que lo voltearon boca arriba que le vieron que traía una herida del disparo; para esto ya les habíamos dicho que éramos menores de edad, a mí ya estando en el suelo me patearon y se me subían en los pies, para que no corriera yo creo, y me dieron golpes en las costillas, al que más golpearon fue a quien manejaba”.
Pese a que los agentes de la Unidad Andrómeda afirmaron en su reporte que habían escuchado “detonaciones de arma de fuego” en dirección de la que huían los muchachos, en el mismo documento más adelante reconocieron que tras revisarlos no les encontraron nada ilícito.
En entrevista, Héctor González Canales, padre del menor lesionado, dice que su hijo le contó que fue maltratado por parte de los policías a pesar de que les informó que no podía moverse ni sentía su cuerpo. Cuando lo aventaron al piso sufrió excoriaciones en la cara y uno de sus brazos quedó debajo de su abdomen, por lo que uno de los agentes le gritaba que lo sacara, de lo contrario lo mataría ahí mismo, a lo que el menor sólo respondió que no podía hacerlo. Cuando uno de ellos le sacó el brazo corroboraron que tenía sangre en la espalda y se encontraba herido.
En el propio reporte policiaco quedó establecido que el agente que después fue identificado como quien disparó “hizo descender mediante el uso de la fuerza” al menor lesionado.
González Canales refiere que los agentes tampoco tuvieron cuidado al subir a su hijo a una patrulla para llevarlo a recibir atención médica al Hospital Regional Universitario, pues simplemente lo levantaron tomándolo de las manos y de los pies, con la posibilidad de haberle causado más daño en la columna vertebral.
Casi veinticuatro horas después de los hechos, cuando el asunto ya había sido denunciado profusamente a través de las redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer a través de un comunicado de prensa la detención de un policía como imputado por disparar y herir al menor de edad.
Tanto en ese boletín como en otro emitido por el gobierno estatal se insistió que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, instruyó al gabinete de seguridad estatal para que se revisen todos los protocolos de actuación en este hecho y, se sancione conforme a la ley a quienes no se hayan apegado a ellos.
Aunque el mandatario reconoció a los policías que todos los días exponen su vida por garantizar la seguridad de la población, también dejó en claro que “no se puede tolerar uso irracional de la fuerza o un inadecuado manejo de las armas”.
Unidad Andrómeda
Sin embargo, en ninguno de los comunicados se aceptó la participación inicial de agentes de la Unidad Andrómeda, vestidos de civil y a bordo de automóviles con placas particulares, y al narrar los hechos sólo se hace alusión a ellos como “elementos de la Policía Estatal”.
El agente imputado de haber herido al menor, de nombre Jocsan N., fue vinculado a proceso penal, acusado de homicidio en grado de tentativa y permanecerá en prisión hasta que concluya el juicio y se dicte la sentencia.
Héctor González, el padre del menor herido, advierte que irá hasta las últimas consecuencias para lograr justicia para su hijo, porque “no puedo permitir que se cometa una injusticia y que la persona que cometió esa barbarie no reciba su castigo como debe de ser”.
Empresario importador de páneles de aluminio en las ciudades de México y Guadalajara, Héctor González refiere que hace tiempo él y su esposa tenían planes de mudarse con toda la familia a la capital jalisciense —donde estudia la universidad su hija mayor, pero sus dos hijos menores, entre ellos Luis Ricardo, prefirieron quedarse porque aquí pueden salir con sus amigos, pues “no hay tanto peligro como en Guadalajara, allá no tienen tantas libertades por la inseguridad, y ya ve usted lo que resultó de esta decisión”.
Este suceso, señala, ha generado un gran impacto en su hijo y en toda la familia, “ni al que hizo esto se lo deseo, porque cómo volteas a ver a ese niño en la cama cuando te pregunta si va a volver a caminar, cómo le dices que no, pero también cómo le dices que sí si sabes que no es cierto, tiene catorce años, cómo lo manejas”.
Vida truncada
El padre del menor está convencido de que “como sociedad no debemos permitir que los policías actúen con impunidad o ¿en qué ciudad queremos vivir? Yo deseo simplemente que se haga justicia, no estoy pidiendo más, no quiero que le pase lo mismo al que lo hizo, simplemente que pague conforme a la ley los delitos que cometió, con toda la alevosía y la ventaja; que mi hijo tenga las atenciones en estos momentos y a futuro, porque es una vida truncada, entonces mi hijo va a requerir muchas rehabilitaciones para tratar de que tenga una vida decorosa, eso es lo que quiero y concientizo a la gente, que vean realmente la trascendencia de las cosas”.
El 18 de diciembre pasado, al día siguiente de los hechos, el director de la Policía Estatal Acreditada, José Óscar Pucheta Santillán, envió el oficio SSP/DGPEAC/DG/1621/2018 a los agentes, en el que les comunicó que “queda estrictamente prohibido hacer uso de las armas de fuego, sólo pueden ser utilizadas para poder repeler una agresión armada, no podemos utilizarla contra gente que huye ante nuestra presencia, no importa que se les marque el alto y hagan caso omiso”.
El presidente de la organización Seguridad y Dignificación Policial de Colima, Juan Nazario Alfaro Palacios, argumenta que muchas veces no se entiende que los policías laboran bajo condiciones de elevado estrés, pues en las actuales circunstancias algunos de ellos han sido asesinados.
Se queja de que la sociedad tiene una “doble moral” que coloca a los policías entre la espada y la pared, pues las personas que no han sufrido la comisión de un delito demandan que en la labor policiaca no se cometa ningún exceso, mientras que quienes han sido víctimas de la delincuencia exigen la aplicación de “mano dura”.
Tras el incidente, los titulares del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, y del Colegio de Abogados Penalistas de Colima, Mario García Solórzano, cuestionaron los mecanismos de capacitación que se proporciona a los elementos de la Policía Estatal, sobre todo en el cumplimiento de los protocolos para el uso de armas de fuego.
Estimaron que el policía que disparó no es el único responsable de lo ocurrido, sino también sus superiores y el sistema bajo en que realizan su trabajo, por lo que el suceso sólo es un reflejo de la situación de las corporaciones de seguridad.
Naranjo Cortés dijo que el suceso en el que el menor resultó herido es el resultado del estado de inseguridad en que vive la población, en donde quedó de manifiesto la incapacidad de los policías para tratar a las personas debidamente y la consecuencia inevitable es la violación de los derechos humanos.
García Solórzano consideró que mientras se investiga el asunto, el secretario de Seguridad Pública, coronel Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, debe separarse del cargo para facilitar el trabajo de la fiscalía y del juzgado.
Efraín Naranjo y Mario García coinciden en que los grupos de investigación e inteligencia como el de los agentes de los vehículos Tsuru no deben realizar patrullajes de seguridad pública ni tener contacto con la población, pues esta labor sólo corresponde a los elementos uniformados a bordo de patrullas identificadas plenamente con la institución.
Por su parte, en el transcurso de sus investigaciones sobre el asunto, la CDHEC dirigió al titular de la SSP, Sanmiguel Sánchez, un oficio en el que le solicitó la implementación de medidas cautelares “necesarias y urgentes para que elementos policiales y vehículos autorizados se encuentren plenamente identificados conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima y demás ordenamientos jurídicos”.
Sin mencionarla por su nombre, el organismo aludió a la participación de la Unidad Andrómeda en los hechos que derivaron en las lesiones del menor, donde “elementos de dicha corporación estatal que vestían de civiles y que viajaban en una unidad no identificada, al abordar a unos adolescentes propiciaron su huida y posterior persecución, disparos y detención, hiriendo de gravedad a un menor”.
Añadió: “Esta Comisión Estatal considera la imperiosa necesidad de solicitar dicha medida cautelar, debido a que esta práctica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pone en riesgo los derechos humanos de la sociedad, tales como la vida, la dignidad, la integridad personal y el patrimonio”.
El hecho que los agentes policiacos no se encuentren plenamente identificados, concluyó la CDHEC, “causa desconfianza, temor y duda. Además, debe tomarse en cuenta la situación de inseguridad en que se encuentra el Estado”.
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