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A Evelia Mutul le tiemblan las manos cuando habla. Es la primera vez que la entrevistan y al intentar poner en palabras los hechos que la llevaron a prisión se le quiebra la voz. Esta mujer maya de 38 años lleva casi una década encarcelada después de que la incriminaran por homicidio. El 19 de julio de 2009, cuando salía de misa junto a su familia, se cayó en la puerta de la iglesia. Una masiva pérdida de sangre hizo que su madre y su hermano la llevaran a un centro de salud, donde terminó pariendo un bebé que nació vivo, pero a la media hora murió. Evelia asegura que, hasta ese día, desconocía que llevaba siete meses de gestación. La Fiscalía la acusó de haber matado a su hijo y la sentenció a 10 años de prisión.
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“Me decían: ‘Tú lo mataste’, pero yo ni sabía que estaba embarazada. Yo me sentía bien, por eso no había ido al médico”, explica Evelia mientras asoma la cabeza entre los barrotes del centro penitenciario de Tekax, a unos 20 kilómetros de su pueblo natal, en el Estado de Yucatán, en el sureste mexicano. Tixméhuac, el lugar donde vivió toda su vida, es un municipio de 2.400 habitantes perdido en medio de la selva cerca de la frontera con Campeche y Quintana Roo, donde las instituciones del Estado casi no llegan. Allí vive, además de su madre y sus seis hermanos, el padre de su bebé. Un hombre que, según cuenta, la violentó y la obligó a tener relaciones sexuales reiteradas veces y al que denunció ante la Justicia sin que llegara a nada. “Me decía que no le dijera nada a mi familia o los iba a matar”, relata con un español muy sencillo.
Evelia aprendió a hablar castellano en la cárcel, a través de sus compañeras. Antes, solo sabía maya. Durante su proceso judicial no tuvo un traductor, algo obligatorio bajo la ley mexicana. No fue hasta mucho tiempo después que entendió por qué la habían sentenciado. El día de los hechos, según cuenta, la Fiscalía la forzó a firmar un papel escrito en español con la promesa de liberarla. Bajo presión, terminó firmando, sin comprender lo que decía. Después se enteró que se trataba de su confesión, la única prueba en su contra presentada en el juicio. Además de los años en prisión, la Justicia la condenó a pagar al Estado una reparación del daño de más de 140.000 pesos (7.100 dólares), multa que terminó por extinguirse al no tener recursos para abonarla.
La llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la promesa de una amnistía para aquellas que están presas por abortar trae esperanza al caso de esta mujer y al de otras 200 mexicanas que sufrieron abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas, fueron criminalizadas y permanecen encarceladas bajo delitos de homicidio, según el cálculo de organizaciones feministas. “Estas mujeres tienen características similares: son pobres, de área rural, indígenas, la mayoría de ellas ni siquiera habla español, sus familias no tienen recursos para defenderlas, entonces el Estado puede ensañarse y hacer con ellas lo que quiera”, señala Verónica Cruz, activista de Las Libres, una organización que se encarga de brindar defensa legal a mujeres criminalizadas por abortar.
La propuesta del nuevo Gobierno, planteada inicialmente como solución contra la criminalización del aborto, presenta un problema de fondo. A partir de una reforma penal establecida en 2016, interrumpir un embarazo ya no es considerado un delito grave. Por ello no cuenta con prisión preventiva. Como casi no existen penas altas -las legislaciones establecen entre tres meses y seis años de prisión, dependiendo de cada uno de los 32 Estados-, los casos de las mujeres que están en prisión enjuiciadas por este delito son minoritarios. “¿Quiénes son las que sí están presas? Mujeres que tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas”, señala Cruz. A pesar de que la propuesta fue planteada inicialmente para aquellas encarceladas por abortar, las organizaciones feministas señalan que para que la iniciativa tenga sentido deberían incluirse en la lista los casos como el de Evelia.
El desafío de la iniciativa radicaría entonces, según la propuesta de los grupos feministas, en poder localizar a las mujeres encarceladas por aborto y aquellas judicializadas por homicidio. Para eso es necesario hacer un censo prisión por prisión, hablar con las sentenciadas, cruzar los datos con los expedientes y determinar si califica o no para la amnistía, explica Cruz. Parte de ese engorroso trabajo ya lo han hecho algunas organizaciones, que calculan dos centenares de casos en el país.
Aquel domingo en el centro penitenciario de Tekax, Evelia se ha maquillado y se ha arreglado porque su madre ha ido a visitarla. Su familia, todos campesinos de profesión, no siempre puede ir a verla por culpa del trabajo. “No me gusta estar acá, pero es lo que me tocó”, dice con lágrimas en los ojos. Cuando llegó, recuerda, no podía parar de llorar. Le llevó varias semanas acostumbrarse al lugar. Si la amnistía del Gobierno no modifica su destino, cumplirá su condena en siete meses y podrá salir de prisión en julio de 2019. “Cuando salga, volveré a vivir con mi madre, un tiempo. Quiero tener mi trabajo, juntar mi dinero y me gustaría tener hijos”.
