Actualidad.rt.com / La Fiscalía General de México se comprometió a crear una fiscalía especial para dar «un nuevo cauce a la investigación penal» del caso de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en la noche del 26 de septiembre del 2014.
Según un comunicado de la Secretaría de Gobernación, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, informó de que el objetivo principal será «dar con el paradero de los estudiantes, para lo cual trabajará en coordinación estrecha con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia», creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado.
Asimismo, Gertz, que mantuvo una reunión con la citada comisión, aseguró que «no alcanzar la verdad en casos como el de Ayotzinapa socavaría la credibilidad de la recientemente reformada institución de procuración de Justicia».
En el encuentro estuvieron presentes el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas; el Secretario Técnico de la Comisión, Félix Santana; y una representación de familiares de los estudiantes.
Por su parte, Encinas subrayó que toda la administración pública federal colaborará con la investigación penal, como fue instruido en el decreto presidencial.
Se creará una Nueva Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa https://t.co/LAqj21ieJB
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) 8 de febrero de 2019
El pasado lunes el gobierno también anunció un plan para buscar a las 40.000 personas desaparecidas y atender la crisis humanitaria de 27.000 cuerpos sin identificar en servicios forenses y casi 1.100 fosas clandestinas que existen en el país.
El caso Ayotzinapa
Según los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de forenses argentinos, que elaboraron en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 43 estudiantes fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías de la comunidad de Iguala, Guerrero, y posteriormente entregados a grupos del crimen organizado.
Tras la desaparición de los jóvenes, el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, aseguró que los jóvenes habían sido incinerados en el basurero en la ciudad de Cocula, en el estado de Guerrero. Una versión que sería cuestionada tras la evidencia presentada por el GIEI y pondría en duda la «verdad histórica» presentada por las autoridades mexicanas.
El caso fue un parteaguas en el sexenio de Peña Nieto, debido a la ola de protestas multitudinarias que generó, así como la visibilidad que obtuvo a nivel internacional.
