Vicente Martínez, intermediario inevitable entre empresas y los gobiernos en turno de Jalisco, ha tejido una sólida red que vincula a integrantes de MC, compañías sospechosas, exfuncionarios de Hacienda y miembros del Poder Judicial estatal.
proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Vicente Martínez Orozco, un abogado reconocido en los altos círculos de Jalisco por servir de intermediario entre el gobierno en turno y empresas, es el artífice detrás de una red de compañías que le han permitido obtener jugosos contratos de los gobiernos de Jalisco y Yucatán por montos que alcanzaron casi los 350 millones de pesos en 2023. Esta intrincada red opera principalmente mediante la triangulación de recursos y alianzas con terceros de peso, como PiSA Farmacéutica y miembros del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Vicente Martínez comenzó a hilar sus relaciones empresariales vía su amigo, el entonces panista José María Martínez (ahora pertenece a Morena), quien tuvo control en el Poder Judicial y conseguía favores de jueces en casos relacionados con empresas que se dedicaron a colocar parabuses y parquímetros.
Vicente Martínez tomó ventaja de lo que aprendió con José María Martínez y apoyó a Telcel, empresa de Carlos Slim, para colocar antenas en lugares que por reglamento no se podía, aseveran abogados consultados, quienes prefieren guardar el anonimato.
Recuerdan que tras resolver los permisos de las antenas se corrió la voz entre el poderoso círculo empresarial de que Vicente Martínez Orozco podría gestionar permisos que estaban debatiéndose ante instancias judiciales. Ahí comenzó a rodearse de clientes poderosos económicamente, y les propuso apoyar las campañas de políticos (el propio Vicente lo ha hecho: el 28 de enero de 2021 hizo aportaciones para la precampaña de Movimiento Ciudadano Jalisco por la cantidad de 50 mil pesos, según se informa en el portal del partido, dentro del apartado de Aportaciones a campañas y precampañas) como la del priista Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, y a cambio recibirían preferencia en las licitaciones millonarias.
Añaden que con la llegada de Aristóteles Sandoval a la gubernatura, Vicente Martínez fue el intermediario para que el Consorcio de la Línea 3 del tren ligero consiguiera el contrato. Volvió a repetir el mismo modus operandi con la Línea 4, a cargo de la administración de Enrique Alfaro. De la Línea 3 se señaló su retraso de tres años en su puesta en operación y la duplicación de su costo al pasar de 17 mil 600 millones de pesos a 35 mil 200. Sin embargo, no se hizo una auditoría, puesto que ahí estaba la mano de Vicente Martínez.
Según los abogados consultados, si una empresa pretende ganar una licitación millonaria debe buscar a Vicente Martínez, una vez que la gana, el acuerdo es entregar alrededor de 15% del total presupuestado.
Vicente Martínez resalta por su habilidad para sacar a sus influyentes clientes de cualquier apuro, uno de ellos fue Ignacio Javier González Delgadillo –señalado por acoso sexual, salió librado del caso y metió a la cárcel a su acusadora–, director de Grupo de Operadora de Servicios Mega, SA de CV (Grupo Mega), propiedad de dos amigos de Enrique Alfaro, Guillermo Romo Romero y José Guillermo Romo de la Peña, cuya empresa obtuvo un contrato por más de tres mil 634 millones de pesos para el programa A Toda Máquina, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco.
De esta última dependencia de gobierno fue titular Alberto Esquer Gutiérrez, miembro de MC y también exsecretario de Desarrollo e Integración Social bajo la gubernatura de Enrique Alfaro. Alberto Esquer, amigo de Vicente Martínez Orozco, fue recientemente nombrado jefe de gabinete del próximo gobernador Pablo Lemus.
Modus operandi
Vicente Martínez Orozco parece haber tejido una telaraña de esquemas fiscales dudosos, sin que las autoridades hacendarias lo hayan puesto en la mira. ¿La razón? Sus estrechos vínculos con las más altas esferas de las fuerzas políticas, entre ellas el partido Movimiento Ciudadano (MC). Los aliados de Martínez en MC van desde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien apoyó en su cuestionada campaña por la gubernatura, hasta el próximo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de quien recibió al menos un contrato de publicidad en Guadalajara.
Lo que no saben sus aliados económicos y políticos, es que el modus operandi de su abogado y publicista es una bomba de tiempo.
Vicente Martínez ofrece sus “servicios legales” bajo cinco razones sociales: (1) Fregoso, Martínez y de Labra, SC; (2) FMLSC, SC; (3) Martínez y de Labra Consultores, SC; (4) FML Martínez y de Labra, SC; y (5) MDP Abogados, SC, todas constituidas entre 2010 y 2018.
Las dos últimas fueron creadas exactamente el mismo día. En total, estas sociedades facturaron alrededor de 165 millones de pesos por servicios en 2023. ¿Por qué recurrir a cinco despachos? Por varias razones, según se deduce de documentos con datos fiscales en posesión de esta investigación. En primer lugar, utiliza esquemas fiscales de triangulación, donde aproximadamente 10% de los ingresos reportados por sus despachos corresponden a facturas entre sus propias sociedades.
En segundo lugar, dispersa dinero a diversos operadores poco convencionales con sólidos vínculos en el SAT. Y, en tercer lugar, tiene margen de maniobra para facturar desde distintas entidades a diferentes clientes, quienes probablemente desconocen los manejos del abogado para ser exitoso. De esa manera evita despertar sospechas de las autoridades, aparentemente saneando cada parte de la operación.
Pero la red de Martínez va más allá de sus despachos legales. También factura sus servicios mediante otras dos sociedades: Mafdelpo Publicity, SA de CV, una agencia de publicidad, e Isi Lab, SA de CV, una presunta compañía farmacéutica que parece ser la joya de su consorcio.
También Vicente Martínez constituyó cinco empresas dedicadas al ramo de la construcción, de acuerdo con actas constitutivas del Registro Público de Comercio. La primera constructora, de nombre Angemau Constructor, SA de CV, se estableció el 6 de junio de 2009; la segunda, Mailak, SA de CV, el 6 de marzo de 2013; la tercera y la cuarta, Valdiego, SA de CV, y Mailak del Sur, SA de CV, se constituyeron el mismo día, 28 de marzo de 2014; la quinta, Inmobiliaria Vaikdie, el 3 de diciembre de 2015. Mediante estas empresas fachada consigue subcontratos, y a la vez, “lava dinero desde el punto fiscal”, señalan los mismos abogados consultados.
Un punto de reunión de Vicente Martínez con la cúpula emecista ocurre en una oficina del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, David Zamora Bueno, que se ubica por la calle Santa María, en la colonia Vallarta Norte, en Guadalajara. De acuerdo con vecinos, Martínez Orozco llega escoltado por alrededor de 10 personas.
Aunque parece un exitoso abogado y nada más, su despacho Martínez y de Labra Consultores, de acuerdo con el sistema de búsqueda jurídico, en este momento sólo entabla un juicio ante el Juzgado Segundo de lo Civil en el Primer Distrito Judicial contra un hotel que se ubica en Puerto Vallarta. Los abogados reiteran que Vicente Martínez es sólo un “operador, un intermediario, de donde se ha hecho multimillonario, al grado de trasladarse en helicóptero en Jalisco y la Ciudad de México”.
En julio de 2022 Martínez fue incluido en una lista de “líderes” por la revista Líderes Mexicanos. La aparición en esta revista aparenta un importante logro por parte del abogado. Sin embargo, Líderes Mexicanos ha sido exhibida en repetidas ocasiones como una publicación que vende publicidad disfrazada de notas para posicionar a figuras políticas. En dicha entrevista, Vicente Martínez procura proyectar una imagen que contrasta con su verdadero actuar. Cuestionado por la situación política del momento, Martínez declara:
Yo creo que la austeridad no está mal si se enfoca en las áreas adecuadas, pero puede ser extremadamente dañina si no se aplica correctamente. La austeridad es correcta en un gobierno cuando evita gastos suntuosos que son indignantes para la población.
Sobra decir que hay pocos rubros del gobierno que han generado más indignación que el constante y generalizado desabasto de medicinas, por lo que las palabras del abogado sobre lo indignante que puede ser un “gasto suntuoso” destaca cuando se descubre la principal fuente de ingresos de Martínez.
Isi Lab: de cero actividades a 350 mdp en contratos públicos
Isi Lab, SA de CV, fue originalmente registrada en Monterrey, Nuevo León, en 2007 por el cirujano dentista Raúl Arturo Cantú Ordóñez y su madre, Yolanda Ordóñez Garza, quienes dejaron de participar como socios en 2014.
Desde su creación hasta 2018 la empresa no mostraba señales de actividad: sin sitio web, marcas registradas, presencia en redes sociales o contratos con el sector público.
En 2018 sus ingresos anuales eran menores a dos millones de pesos. Pero en 2019 Isi Lab dio un giro inesperado al expandir su operación al sector médico, coincidiendo con la llegada de personas cercanas a Vicente Martínez a la empresa.
Martínez comenzó a operar Isi Lab mediante familiares de su cuñado, Rodrigo Arriola Tamez, casado con su hermana Alejandra Martínez Orozco. Las primas de Rodrigo, Leticia y Michelle Arriola de la Mora, fueron registradas como accionistas de Isi Lab ese mismo año, que la empresa cerró con apenas seis millones de pesos de ingresos.
Para 2021 Martínez ya ejercía un control de facto sobre Isi Lab y había asegurado sus primeros contratos gubernamentales en 2020, por un monto de apenas tres millones de pesos, seguidos de contratos por 32.8 mdp en 2021. Pese al aparente éxito de la empresa, contrario a lo que uno esperaría de una farmacéutica en ascenso, la sociedad decidió cambiar su domicilio fiscal desde Monterrey a una casa en Zapopan, Jalisco, en una zona habitacional de clase media.
Adicionalmente en 2021 María José Méndez Saavedra, gerente en el despacho de abogados de Martínez, fue la representante de Isi Lab para registrar la marca “IsiLab Ivalo” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Otra conexión entre Isi Lab y Martínez está en el correo que la empresa registró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2023: rcampos@fmlsc.mx. El dominio “FMLSC”corresponde a la firma Martínez y de Labra Abogados.
La página web isilab.com.mx ofrece poca información, utiliza una plantilla genérica y presenta un objeto vago en la sección “Quiénes somos”. Sus servicios son poco específicos, limitándose a la venta de insumos de cardiología y ortopedia, suministros clínicos desechables y medicamentos en frasco cerrado. Además, el sitio web fue registrado en 2017 diez años después de la constitución original de la empresa, y la página de internet empezó a funcionar hasta diciembre de 2021.
Ya con una casa habitación como domicilio fiscal, una página web semifuncional, una marca y Martínez detrás, Isi Lab facturó cerca de 350 mdp en 2023 por la distribución de insumos médicos. De este monto, la Secretaría de Salud de Jalisco y el Instituto de Pensiones del mismo estado pagaron 250 mdp, mientras que la Secretaría de Salud de Yucatán aportó 97 mdp.
Matrimonio inesperado: Isi Lab y PiSA Farmacéutica
¿Cómo logró Isi Lab, una compañía sin experiencia en el ramo y con características de empresa fachada, estos contratos millonarios con los gobiernos de Jalisco y Yucatán? La respuesta parece estar en los contactos de Vicente Martínez. PiSA Farmacéutica, una empresa mexicana reconocida en el sector, decidió aliarse con la desconocida Isi Lab.
Esta colaboración se ha observado en diversas licitaciones en Yucatán y Jalisco desde 2021, en las que ambas han ganado contratos de manera conjunta.
Pero ¿por qué PiSA le haría este favor a Isi Lab? Hay que recordar que PiSA fue investigada por la Secretaría de la Función Pública desde el inicio de este sexenio por proporcionar información falsa en licitaciones públicas. En 2020, Laboratorios PiSA, SA de CV, y su Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), SA de CV, fueron sancionadas e inhabilitadas para recibir contratos públicos, con el objetivo de poner fin a sus “jugosos negocios” en el suministro de medicamentos. Esto ocasionó un grave desabasto de medicamentos y un escándalo mediático en todo el país. Fue en este contexto que surgió la alianza entre PiSA Farmacéutica y la misteriosa Isi Lab. La relación funcionó para ambos lados, las sanciones contra PiSA desaparecieron y la alianza rindió frutos.
Otro dato es que Laboratorios PiSA es propiedad de la familia del actual secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. Según la escritura pública 59,390, de fecha 11 de junio de 2009, constituida ante el notario público número 10 de Jalisco, e inscrita el 26 de junio de 2009 en el Registro de Comercio con el número 7794, sus socios son los hermanos Carlos, Luis Fernando y Francisco Javier Álvarez Bermejillo.
Además, Fabián René, Rosa María, Gastón Raúl, María Lucila de la Paz, María Antonia, Patricia Eugenia, Susana Margarita, Yolanda Beatriz, Gabriel de Jesús, Álvaro Ibarra Astorga, así como Margarita, María Cristina, María Teresa y Alfredo Zepeda González.
Entre las socias de Laboratorios Pisa destacan las hermanas Concepción, Martha Eugenia y María Magdalena Farah Gortázar, hijas de Luis Farah Mata y de Concepción Gortázar Ubero. Martha Eugenia Farah se casó con Carlos Petersen Biester, padre del exsecretario de Salud, Alfonso Petersen Farah. Carlos Petersen es hermano de Germán Alberto y de Óscar, éste, padre del secretario de Salud, Fernando Petersen.
Mafdelpo Publicity, el brazo político de Vicente Martínez
Vicente Martínez es un personaje complejo. Su operación implica el uso de prestanombres y una triangulación de dinero entre sus propias empresas y las de sus clientes. Isi Lab, por ejemplo, es cliente de cuatro empresas vinculadas a la firma Martínez y de Labra Abogados. En este esquema las empresas de Martínez se benefician de los fondos provenientes de Isi Lab, la sociedad más rentable del consorcio gracias a los ingresos obtenidos por contratos públicos.
Esta práctica no es exclusiva de Isi Lab. Los documentos fiscales analizados permitieron observar que al menos siete compañías vinculadas a Vicente Martínez participan en un esquema para dispersar dinero a través de transferencias, una estrategia exitosa para manejar una red de empresas desde las sombras.
En una entrevista publicada por la revista Líderes en mayo de 2020, Vicente Martínez declaró que su firma legal contaba “con gente especializada, por ejemplo, en medios, además de que contamos con la asociación con otra empresa que se dedica a ese tema.
“Al final del día nosotros proveemos los servicios sin ningún problema”. Se refería a Mafdelpo Publicity, SA de CV, un brazo clave para el éxito de la red.
Mafdelpo Publicity, constituida originalmente como una consultoría en 2017 llamada FML Consulting, SC (por las iniciales recurrentes de los socios Fregoso, Martínez, De Labra) y reenfocada a publicidad en febrero de 2019 con su cambio de nombre, ha sido controlada accionaria y administrativamente por distintos miembros de su equipo, particularmente por José Luis de Labra, de acuerdo con documentos del Registro Público. Esta empresa le ha permitido a Vicente Martínez generar ingresos que confirman su cercanía con un jugador clave en Jalisco: el partido MC.
La conexión entre Mafdelpo Publicity y MC quedó expuesta en los expedientes SUP-RAP-171/20218 y SUP-RAP-131/20229, hechos públicos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos expedientes contienen detalles del financiamiento irregular de la campaña de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Según la información del Tribunal, Mafdelpo Publicity apoyó esta campaña con aportaciones en especie por alrededor de dos millones de pesos, las cuales se sumaron al límite de gastos de campaña del entonces candidato.
El vínculo con MC no concluyó en esa campaña. En 2023 Mafdelpo Publicity recibió un contrato por adjudicación directa por casi cinco millones de pesos del ayuntamiento de Guadalajara, entonces gobernado por Pablo Lemus –el virtual gobernador de Jalisco–, para una campaña de promoción turística de esa ciudad.
Mafdelpo Publicity también fue contratada por la dirigencia de MC en Jalisco, en febrero de este año, para la publicidad en parabuses por la cantidad de 4.7 millones de pesos. Mientras que un amigo de Vicente Martínez, Sergio Barrera Sepúlveda, quien contendió como diputado federal por el distrito 10, con sede en Zapopan, contrató a Mafdelpo Publicity, SA de CV, para que le prestara el “servicio de impresión de ejemplares de Periódico a color con 8 páginas doblado”.
Cabe señalar que en este periodo Mafdelpo Publicity obtuvo más de cinco millones de pesos de contratos con la Secretaría de Salud y el Instituto de Movilidad y Desarrollo Territorial de Yucatán, así como con la Cámara de Senadores.
Exfuncionarios del SAT, en contubernio con Vicente Martínez
Varias de las sociedades vinculadas con Vicente Martínez, incluyendo las oficinas del despacho legal Martínez y de Labra en Jalisco, tienen su domicilio en Real Acueducto 240. En este edificio también se encuentra la sede del consorcio comercialmente conocido como MZA, una pieza fundamental para entender el esquema de transferencia de recursos.
El grupo MZA está compuesto por al menos tres entidades: 1) Mimosza Consultores, SC. 2) Merzaj Comercializadora, SA de CV, y 3) TIC MCR, SA de CV. Estas sociedades están vinculadas a dos exauditores del SAT: Juan Pablo Michel Corona (2016-2018) y Roberto González Zakata (2013-2018), quienes cuentan con el conocimiento especializado del funcionamiento del SAT para sortear cualquier problema fiscal.
En el siguiente esquema se muestra cómo Vicente Martínez utiliza a estos despachos para dispersar importantes cantidades de dinero entre sus empresas y PiSA.
De los 347.5 millones de pesos que Isi Lab recibió de dependencias de gobierno, cerca de 260 millones (75% de sus ingresos) fueron destinados a Grupo MZA y a tres filiales de PiSA Farmacéutica. Adicionalmente, PiSA, a través de su filial EFMA y Asociados, transfirió 23.8 millones de pesos a dos razones sociales utilizadas por la firma Martínez y de Labra para facturar sus servicios legales. A su vez, Grupo MZA fue el principal proveedor de estas dos sociedades, con ingresos por 81 millones de pesos.
Mafdelpo Publicity repitió un patrón similar en la transferencia de dinero. En total recibió 9.7 mdp del ayuntamiento de Guadalajara y de dos dependencias del gobierno de Yucatán. Por último, Grupo MZA fue su principal proveedor al recibir 28.6 mdp.
Los tentáculos en el Poder Judicial de Jalisco
Por último, Financiera Quid, SA de CV, SOFOM, ENR, una entidad fundada en diciembre de 2019 por el abogado Marco Antonio Peláez de León y su madre, Gabriela Guadalupe de León Carrillo, quien ha sido consejera y jueza dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es una pieza adicional de importancia en la red de empresas vinculadas a Vicente Martínez Orozco, que demuestra hasta dónde llegan los tentáculos del polémico abogado.
El domicilio fiscal de Financiera Quid, ubicado en Avenida Real Acueducto 240, coincide con el reportado por Martínez y de Labra Asociados, otros despachos de Vicente y el consorcio MZA, lo que sugiere una clara conexión entre estas entidades.
Marco Antonio Peláez de León, accionista de 50% de Financiera Quid, ha enfrentado acusaciones de fraude procesal y tráfico de influencias en el pasado. Además, ha interpuesto varios amparos “buscadores” contra posibles órdenes de aprehensión en su contra.
Peláez desempeñó el cargo de director jurídico en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco hasta julio de 2023, donde fue subordinado de Alberto Esquer.
Por su parte, Gabriela Guadalupe de León Carrillo, la otra accionista de Financiera Quid y madre de Marco Antonio, ha desempeñado varios cargos en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, viéndose envuelta en diversas controversias relacionadas con sus funciones, incluyendo irregularidades en procesos judiciales y presuntos actos de corrupción.
En 2011, cuando fungía como consejera, se vio involucrada en una polémica con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco al proponer cambios de adscripción de 19 jueces sin haber discutido previamente el dictamen en la comisión correspondiente.
Posteriormente, en su papel como jueza, fue señalada por medios de comunicación por haber declarado culpable a Luis Enrique Camargo Herrera del delito de homicidio, pese a las irregularidades y delitos cometidos durante su proceso judicial, tales como detención arbitraria y tortura.
Pese a que Financiera Quid apenas facturó 3.5 millones de pesos en 2023, llama la atención que entre sus clientes se encuentren seis de las sociedades vinculadas a Vicente Martínez: Martínez y de Labra Consultores, FMLSC, MDP Abogados, ISI Lab, Mafdelpo Publicity y FML Martínez y de Labra.
Estas empresas le pagaron a Financiera Quid 56% de sus ingresos en 2023, lo que hace sospechar que este dinero podría provenir de favores que la exjueza y el abogado logran hacerles a los despachos de Vicente. Además, parte de ese dinero recibido (440 mil pesos) sale de regreso hacia Mimosza Consultores y Mafdelpo Publicity, reforzando los esquemas de triangulación de Vicente Martínez.
El socio de Vicente Martínez Orozco en la empresa Angemau Constructor es Juan Pablo Brambila Villaseñor, exsecretario relator de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, donde también laboró Gabriela de León Carrillo.
