Está acusado de abuso de autoridad, sin embargo, obtuvo la suspensión condicional del proceso, al acordar el pago de 10 mil pesos, a una asociación civil
Santos “N”, director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, tras una audiencia realizada el jueves 16 de enero en los Juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta. Como parte de un acuerdo, el funcionario obtuvo la suspensión condicional del proceso, comprometiéndose a realizar una donación de $10,000 pesos a la asociación civil Pasitos de Luz, que brinda apoyo a niños con discapacidad en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
La Jueza de Control y Oralidad, Susana Azzaid Betancourt Flores, determinó que el director incurrió en abuso de autoridad, contemplado como la ejecución, autorización o permisividad de actos que atenten contra los derechos garantizados por la Constitución Mexicana.
El caso se originó el 14 de mayo de 2024, cuando un hombre detenido por una falta administrativa fue sancionado con 19 horas de arresto por el juez municipal de Cabo Corrientes. Al concluir el periodo de detención, el juez ordenó que sus derechos fueran respetados y que se le liberara de inmediato. Sin embargo, Santos “N” trasladó al detenido a un centro de rehabilitación por solicitud de la familia, pero sin el consentimiento de la persona y sin cumplir con los requisitos legales para este procedimiento.
Dos días después, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo que dio origen a la carpeta de investigación que derivó en la audiencia judicial.
Suspensión condicional y medidas cautelares
Durante la audiencia, la defensa del funcionario municipal solicitó la suspensión condicional del proceso, un beneficio contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este fue concedido, con la aprobación de las partes, bajo el compromiso de Santos “N” de realizar la donación antes mencionada a Pasitos de Luz.
Además, se le impusieron diversas medidas cautelares por un periodo de seis meses, entre ellas:
• Residir en el mismo domicilio.
• Firmar de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares.
• Tomar un curso en materia de derechos humanos.
• No salir del estado.
• Abstenerse de acercarse o tener contacto con la víctima o los testigos.
El funcionario también estará impedido de atender personalmente cualquier asunto relacionado con la víctima, en caso de que esta requiera algún servicio de la policía municipal.
El caso quedó registrado en los archivos judiciales y estará sujeto a seguimiento por las autoridades competentes.
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